El PSOE revela al TC que el Castor dobló su coste por subcontratos con firmas de Florentino Pérez

Los letrados del PSOE han denunciado ante el Tribunal Constitucional que la concesionaria del almacén de gas Castor (Escal UGS) incurrió en un sobrecoste de más del doble respecto al proyecto inicial (de 491 a 1.179 millones de euros, y finalmente 1.350) debido a «incentivos perversos» a subcontratas vinculadas al mismo grupo empresarial propiedad de Florentino Pérez (ACS).

Esta acusación figura en los documentos que fueron entregados por el PSOE al tribunal para recurrir la indemnización de 1.350 millones de euros (más 110 millones adicionales) que ha pagado el Gobierno a la empresa del presidente del Real Madrid, que fue compensada tras abandonar una plataforma no operativa y con la que había provocado 550 terremotos de hasta 4,2 grados en la escala de Richter frente a Vinaròs.

Los letrados del grupo parlamentario socialista de Madrid aducen en su argumentario contra la indemnización que desde el Gobierno se consintieron supuestas prácticas reprobables que llevaron a encarecer el proyecto hasta un 150% respecto al presupuesto inicial con el que fue adjudicado.

Según los letrados socialistas, los sobrecostes empezaron a hacerse patentes prácticamente desde el inicio de las obras. «No se debe olvidar que este proyecto ha sufrido una hiperinflación de costes desde sus comienzos, que sólo cuando ya eran muy elevados fueron limitados regulatoriamente por el Gobierno (en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo, que entre la documentación remitida por el Gobierno al Congreso de los Diputados acompaña al Real Decreto-Ley, se pone de manifiesto en la pág. 69 que pasa de 491 millones de euros a 894,5 millones de euros, para terminar en 1.179 millones de euros)».

Las acusaciones del PSOE van más allá de un posible error en el cálculo o una bajada temeraria y apuntan incluso a supuestas contrataciones «perversas» con empresas subcontratadas del propio Florentino Pérez y a las cuales no se les habrían exigido precios competitivos. «Curiosamente, una inflación endógena se puede explicar, al menos en parte, por los incentivos perversos que se generan cuando el titular de la concesión subcontrata para la construcción a empresas del mismo grupo empresarial (la obligación introducida por el Gobierno de que las partidas mayores fueran adjudicadas con mecanismos de concurrencia y auditadas llegó cuando los costes ya se habían disparado)», alega el escrito.

Esta circunstancia es utilizada por el recurso como argumento para defender la pertinencia de, cuanto menos, una renegociación de la cantidad a indemnizar (cuando no un rechazo total por incumplimiento de exigencias del contrato). «Con estos antecedentes, debe reconocerse que, cuanto menos, no hubiese sido descabellado haber planteado un esquema de reparto del coste entre el concesionario y los consumidores más equilibrado, lo cual debería ser compatible con la garantía de los derechos de los bonistas y bancos (incluido el Banco Europeo de Inversiones) que han financiado a Escal UGS, S.L».

Esta acusación del PSOE surge en un momento en el que tanto el Gobierno como la concesionaria del proyecto Castor se encuentran en el punto de mira en varios frentes judiciales y políticos (Unión Europea, denuncia de la Fiscalía, denuncia del Síndic de Greuges y dos recursos de inconstitucionalidad iniciados por el propio PSOE y el Parlament de Catalunya por separado).

En lo relativo al Tribunal Constitucional, La Generalitat de Catalunya aún está ultimando su escrito. Por su parte, el recuro del PSOE aduce que, entre otros, el Gobierno vulneró los derechos constitucionales de los consumidores al cargarles con un aumento de la tasa del gas durante 30 años. Asimismo, alega que se pagó a la empresa de Florentino Pérez por una plataforma que no cumplía el requisito de estar operativa (ni con los certificados preceptivos) y que ni siquiera se esperó a disponer de todos los informes para comprobar si había incurrido en dolo o negligencia en el diseño o en la ejecución de la planta. También argumenta que el Gobierno del Partido Popular violó la Constitución Española al utilizar de forma injustificada una fórmula legislativa de decreto-ley que privó al Parlamento de la posibilidad de debatir la decisión y analizar los informes. Es más, los letrados del PSOE también insinuan que el Gobierno aprobó de forma irregular esta indemnización con la única intención de salvar a la firma de Florentino Pérez de una situación crítica.

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