Nules esperará a la autorización de Hacienda para abonar las extras suprimidas de 2012
Un policía local presenta un recurso en los tribunales para reclamar su paga ante el silencio administrativo
c. c. nules
El Ayuntamiento de Nules ya tiene sobre la mesa el primer recurso contencioso de un trabajador municipal que solicita que se abone la parte proporcional de la paga extra de 2012 que se suprimió desde el gobierno de España en virtud de las sentencias que ya se están dictando en ese sentido. Desde el consistorio afirman que solo la abonarán si hay resolución judicial, pues de lo contrario podría incurrirse en una «prevaricación» pues al estar en un plan de estabilidad presupuestaria no estarían autorizados por el Ministerio de Hacienda. No obstante hay una reserva preparada.
Según fuentes municipales, dicha reserva específica en el consistorio hoy por hoy no se puede activar para pagar a los funcionarios esta parte proporcional de la extra de 2012 porque «se incumpliría la regla de gasto» según indican los informes de tesorería.
Mientras no se cumpla dicha estabilidad presupuestaria, el consistorio no recibirá la pertinente autorización ministerial, lo que impide en la práctica realizar este desembolso a los trabajadores. Desde el consistorio se ha querido hacer hincapié en que «si se abona dicha parte proporcional sin la autorización, se podría cometer un delito de prevaricación, por lo que únicamente se podría abonar en caso de que haya una sentencia judicial».
Por el momento, en este sentido los tribunales tendrán que dictaminar sobre el recurso contencioso administrativo que ha presentado un trabajador municipal, un agente de Policía que representa al sindicato STAS- Intersindical Valenciana, y que ha reclamado a título personal ante los tribunales la parte proporcional de la paga extra de 2012 que se le tendría que abonar basándose en la jurisprudencia existente.
En este caso el trabajador señala en su recurso que ya solicitó al consistorio el abono de la parte proporcional de dicha paga extra de 2012 por considerar que «no era ajustada a derecho la supresión» pero «no se recibió respuesta escrita alguna a la solicitud». Acto seguido presentó un recurso de alzada ante el silencio administrativo que denegaba la solicitud, a lo que se respondió desde el consistorio con un nuevo silencio administrativo por lo que afirma que la vía que quedaba era recurrir a los tribunales.
Desde el consistorio han reiterado que no se puede, por el momento, afrontar la parte proporcional para todos los trabajadores al incumplirse la regla de gasto, pero que así lo harán ante una sentencia judicial favorable.
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