La Generalitat mantiene sin ocupar la mitad de los 228 alquileres sociales de Castelló

La Generalitat Valenciana mantiene vacías la mitad de las viviendas públicas destinadas al alquiler en la provincia de Castelló, a pesar del incremento de la cifra de desahucios en los últimos años. Así lo revelan datos de la propia Conselleria de Territorio, que señalan que 113 de las 228 VPP en alquiler del Consell se encuentran sin ocupar.

Estas cifras evidencian la falta de financiación del Gobierno valenciano en materia de vivienda. La escasez de presupuesto y la deuda que acumula en las ayudas de la vivienda imposibilitan habilitar el conjunto del parque público de VPP de alquiler. También ha incidido la extinción del antiguo Instituto Valenciano de Vivienda de la Conselleria de Territorio.

La oferta pública en VPP se ha reducido desde que comenzó la crisis y actualmente solamente haya un centenar de habitáculos públicos en alquiler en Castelló. Son ocho promociones, de las que siete se encuentran en la capital de la Plana y una en l'Alcora. El caso más llamativo es el de una edificio de 70 VPP en alquiler en la calle Río Seco de Castelló, que únicamente disponen de nueve contratos en vigor de los 70 pisos. Otra promoción de 20 de un segundo inmueble tiene sin ocupar 27 viviendas, mientras en la finca de l'Alcora hay sin usar 12 de las 40 viviendas. Asimismo, están sin inquilinos ocho de 64 pisos de otra finca de la capital de la Plana y la única vivienda que el Consell oferta en VPP en la calle Río Ebro. Por su parte, están habitadas las dos VPP en alquiler que cuenta la Generalitat en la calle José María Mulet, según el informe de la conselleria.

La diputada autonómica del PSPV, María José Salvador, lamentó que la Conselleria de Territorio no ponga a disposición estas viviendas para el plan extraordinario de alquiler social, cuando, sostuvo, «la Comunitat Valenciana es la segunda autonomía, según el Consejo General del Poder Judicial, que más desahucios registra». Salvador anunció que presentará una iniciativa a la consellera de Territorio, Isabel Bonig, para que habilite las viviendas que se mantienen sin ocupar.

Cabe recordar, según datos de la conselleria, que la Generalitat sólo ha destinado 43 viviendas del programa extraordinario de alquiler social a familias con pocos recursos desde que empezó la crisis. Éstas forman parte de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat, un nuevo ente público que ha asumido las funciones de la antigua Ivvsa. La finalidad de esta plan es atender sobre todo a familias desahuciadas, pero de las 43 casas repartidas solamente 18 han acabado en manos de personas que han sido desalojadas. En este tiempo se han producidos más de 2.000 lanzamientos en Castelló, según las estadísticas del CGPJ.

La política de vivienda ha sido una de las principales damnificadas de los recortes de la Generalitat. Como muestra, el Consell debe 200 millones en ayudas de la vivienda de la Comunitat desde 2009. Ahora quiere llegar con esta deuda saldada a las elecciones autonómicas de mayo. A finales de 2014 pagó una primera tanda de 31 millones y en este ejercicio ha anunciado que aportará la cantidad restante. Mientras tanto, la construcción de VPP seguirá paralizada y no se prevé que se acondicionen algunos de los alquileres disponibles.

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