El PSPV denuncia que el Consell debe 30 millones del plan de rehabilitación de 2009

El PSPV puso ayer en duda que la Generalitat ponga en marcha las ayudas del plan estatal de rehabilitación de vivienda por las deuda que acumula con el anterior programa. El Ministerio de Fomento aprobó el programa en 2013 y desde entonces el Consell retrasa su aplicación por los citados impagos.

La parlamentaria socialista en las Corts, María José Salvador, advirtió de que el Ejecutivo valenciano tiene sin justificar el gasto de 30 millones procedentes del plan de rehabilitación 2009-2012. Hasta que no acabe de finalizar el pago de estas ayudas, el Consell no recibirá las subvenciones del Gobierno. La conselleria asegura que firmará en breve con el ministerio para recibir los fondos que corresponden a la Comunitat Valenciana, pero la diputada socialista alertó de que el nuevo plan se quedará sin ejecutar en la autonomía.

Fuentes del ministerio subrayan, por su parte, que no pondrán un euro en la Comunitat hasta que no tengan plenas garantías de que la citada inversión se destina al plan de rehabilitación 2013-2016 y no a saldar antiguas deudas. Según las mismas fuentes, el departamento de Ana Pastor no se fía de la Generalitat. Los impagos de 30 millones que asegura el PSPV corresponden a ayudas a la rehabilitación que en su momento fueron conveniadas entre el Consell y Fomento, de ahí que el Gobierno frene las nuevas líneas de liquidez.

El colegio de arquitectos de Castelló también ha puesto el grito en el cielo por la demora del Ejecutivo valenciano y lamenta que la Comunitat es de las pocas regiones de España que tiene pendiente poner en marcha las ayudas del plan 2013-2016. También critica la tardanza de los ayuntamientos en redactar las ordenanza municipales sobre inspección de edificios, un trámite necesario para que los propietarios impulsen obras de remodelación.

La iniciativa del Ministerio de Fomento contempla una inversión global para el conjunto del Estado de 418 millones de euros. Con esta importe prevé costear hasta el 35% del presupuesto de cada actuación, con un máximo de 11.000 euros por vivienda a rehabilitar y de 30.000 euros por edificación construida en sustitución de otra demolida. Se aprobó hace un año y la mayoría de autonomías han empezado a acogerse al mismo. La deuda de la Generalitat retrasa su entrada en vigor en la provincia de Castelló.