El Castor costará 650 euros durante 30 años a cada familia usuaria de gas

La indemnización de 1.400 millones de euros a la concesionaria del proyecto Castor -hibernado tras desatar 550 terremotos en Vinaròs- ha suscitado movilizaciones ciudadanas, críticas de todos los partidos políticos de la oposición, resoluciones en contra del Síndic de Greuges y dos recursos ante el Tribunal Constitucional interpuestos por la Generalitat de Catalunya y el PSOE. Sin embargo, ¿cuál será el coste real para el ciudadano?

Esta es la pregunta que quiso responder la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia haciendo un cálculo matemático a partir de las fórmulas facilitadas por el propio Ministerio de Industria y el real decreto que fija la compensación económica. El resultado: 650 euros por familia consumidora de gas repartidos en los próximos 30 años.

La estimación fue realizada teniendo en cuenta que los intereses bancarios del pago de 1.350 millones de euros (además de los 110 ya abonados previamente a Escal UGS) elevan a 4.700 millones de euros la cantidad a pagar por el Gobierno con cargo al sistema gasista, que repercutirá esta cantidad en la factura del gas de los consumidores. Partiendo de esta cifra, y de los 7 millones de familias que consumen gas natural en España, los contables de la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia han calculado que el coste final aproximado equivaldría a los citados 650 euros por familia.

Es por ello que en su reciente manifestación contra el proyecto Castor celebrada en Alcanar exhibieron billetes de imitación de 650 euros, como símbolo del peaje que deberán pagar los consumidores por un proyecto fallido que puso en alerta sísmica a más de 50 municipios de la costa de Castelló y de Tarragona.

En manos de la Justicia

El recurso del PSOE contra la indemnización a la concesionaria del Castor alega ante el Tribunal Constitucional que el Gobierno vulneró los derechos constitucionales de los consumidores al cargarles con un aumento de la tasa del gas durante 30 años. Asimismo, argumenta que se pagó a la empresa de Florentino Pérez por una plataforma que no cumplía el requisito de estar operativa (ni con los certificados preceptivos) y que ni siquiera se esperó a disponer de todos los informes para comprobar si había incurrido en dolo o negligencia en el diseño o en la ejecución de la planta, la cual durante la fase de pruebas desató 550 terremotos de hasta 4,2 grados frente a la costa de Vinaròs.

La fundamentación jurídica del recurso de amparo también argumenta que el Gobierno violó la Constitución Española al utilizar de forma injustificada una fórmula legislativa de decreto-ley que privó al Parlamento de la posibilidad de debatir la decisión y analizar los informes.

Según el PSOE, el PP abusó de la utilización del decreto-ley para eludir el proceso parlamentario en una situación donde «no concurrían» los requisitos legales de «extraordinaria y urgente necesidad», dado que la actividad de la plataforma ya se encontraba paralizada y se había disipado el riesgo de inducción de terremotos.

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