El Gobierno elude soluciones concretas a las peticiones de mejorar la Justicia en Castelló

La visita del ministro de Justicia, Rafael Catalá, a Castelló se quedó en eso, una vista. Lejos de anunciar un plan específico con el que mejorar la Justicia en la provincia, Catalá se limitó a reunirse con representantes jurídicos para escuchar sus peticiones, de las que tomó nota, pero para las que no anunció soluciones concretas.

Hizo referencia a la necesidad de optimizar los recursos existentes, potenciar el sistema informático y destacó la mejora de las leyes procesales, pero no dijo cuántos jueces, fiscales y funcionarios se necesitarían en los distintos partidos judiciales de la provincia para reducir la carga de trabajo. Asimismo, tampoco se pronunció sobre la reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial que posibilitaría equilibrar los partidos judiciales de Nules y Vila-real. Cabe señalar que algunos juzgados, como los del Penal, soportan el doble de la carga de trabajo del que pueden atender.

Catalá se reunió con los agentes judiciales en la Diputación de Castelló donde dijo ser «consciente» de los problemas que tiene la Justicia para lo que están «trabajando» en «tener mejores leyes procesales y mejor código penal». El ministro recordó que en octubre se aprobaron 33 plazas nuevas en la Comunitat Valenciana a las que habrá que asignar destino. «Sé que en Castelló hay una carga de trabajo muy alta y que también está el caso judicial Castor que se inicia ahora en Vinaròs y que va a generar una carga de trabajo importante. Por ello vamos a tener la máxima sensibilidad para que, si es necesario, asignar un refuerzo», señaló el ministro sin afirmar con rotundidad que el refuerzo se llevará a cabo.

Además, Catalá dijo que para mejorar el sistema hacen falta más jueces «pero también mejorar las leyes que agilicen el funcionamiento de la Justicia, mejorar los medios materiales y los sistemas informáticos». «Todo ello mejoraría el sistema, no solamente hay que tener más profesionales, que no digo que no hagan falta más plazas», añadió. El ministro de Justicia también excusó la situación de los juzgados de los social y mercantil con que la sobrecarga es fruto de las circunstancias económicas actuales y que «tendrá que equilibrarse de nuevo».

Sobre la mesa queda pendiente la necesidad de reducir los tiempos de espera en los procesos judiciales, en penal y social, principalmente, como manifestó el fiscal jefe de Castelló, José Luis Cuesta. «Una solución sería que los partidos judiciales pudieran abarcar municipios de otros partidos, y que se podría aplicar en el caso de Nules y Vila-real con la finalidad de distribuir el trabajo», explicó Cuesta.

Modernización

El fiscal jefe también habló de la necesidad de mejorar los medios informáticos y con ello la modernización electrónica de la Justicia. «Es incomprensible que se tengan programas informáticos que no se entienden», apuntó. A todo ello, se suman «los recursos humanos, el establecimiento de la oficina judicial, de la oficina fiscal, y de proyectos de reformas legislativas, la desjudicialización de determinados conflictos, la oficina de mediación, despenalización de las faltas y otras medidas como que los atestados que no tienen autor se queden en sede policial hasta que se descubra», reseñó Cuesta. En referencia al ministro, el fiscal jefe apuntó que «es consciente y ha tomado nota pero una modificación de la Ley de Planta no se puede hacer de un día para otro».

Por su parte, el presidente de la Audiencia Provincial, José Manuel Marco, también hizo hincapié en la distribución del trabajo y «el poco sentido que tiene» la «notoria desproporción» que tienen los partidos de Nules y Vila-real. «Hemos vuelto a sugerir la posibilidad, si no de unificar los partidos, algo políticamente muy difícil, por lo menos desplazar algunos municipios de Nules a Vila-real como Betxí y les Alqueries. El ministro ha comentado la posibilidad planteada en la modificación más moderada de que pueda el decano o el municipio o la sala de gobierno desplazar municipios de un juzgado a otro para que no haya este desequilibrio entre órganos de gobierno», apostilló Marco.

En la reunión también estuvo el decano del Colegio de Abogados de Castelló, Antonio Esteban, quien manifestó su disconformidad con la ley de tasas y pidió al ministro su derogación. «Se mostró dialogante y muy próximo pero no creo que la derogación de esta tasa sea posible», apuntó Esteban. Al encuentro asistieron representantes de los notarios, procuradores y graduados sociales quienes también transmitieron sus inquietudes.

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