El nuevo Código Penal impedirá a Fabra acceder al tercer grado si no paga la multa

La nueva reforma del Código Penal endurece los beneficios penitenciarios a los políticos condenados por delitos contra la Administración pública. El expresidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, que se encuentra en prisión por delitos fiscales, no podrá solicitar la libertad condicional hasta que salde la multa impuesta por defraudar al fisco.

Actualmente, los juzgados suelen impedir el tercer grado de modo general hasta que no se paguen las indemnizaciones, pero la modificación del Código legal acordada esta semana en la Comisión de Justicia del Congreso prohíbe taxativamente esta concesión si el responsable penado no devuelve el dinero defraudado a las arcas públicas. Concretamente, ha de retornar la multa por responsabilidad civil, que representa la cantidad estafada a Hacienda. Fabra ha de asumir esta pago de 693.000 euros, más un segundo de 693.000 en sanción económica.

Fuentes jurídicas consultadas por este diario señalaron, además, que los jueces también valoran el arrepentimiento del reo y un reconocimiento de los hechos por los que ha sido condenado. En este caso, Fabra ha asegurado siempre su inocencia, aunque en su defensa esgrimió la presunta prescripción de los delitos fiscales. La Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo lo sentenciaron a cuatro años de cárcel al considerar más que probado cuatro delitos fiscales que sumaban los citados 693.000 euros.

El cambio legal afecta de lleno a Fabra, que todavía no ha finiquitado la multa. Esta pendiente para ello de vender la relación de doce biene inmuebles que ha presentado para hacer frente a sus obligaciones económicas. Hace dos años los valoró en 1,2 millones de euros, pero la situación del mercado inmobiliario dificulta la venta de las casas. En el escrito que acompañó en su rechazada solicitud de indulto mostró su «voluntad de atender los pagos siempre que me sea posible y en cuanto pueda realizar la venta de los inmuebles». Entre otros inmuebles cabe mencionar dos viviendas en Ibiza, un piso de lujo en Madrid con un valor catastral de 170.000 euros, un inmueble en Almería, varias fincas en la provincia de Castelló y dos amarres en el puerto de la capital de la Plana. La Agencia Tributaria gestiona el pago de la indemnización por reponsabilidad civil, mientras el segundo importe corresponde a los tribunales.

Fabra ingresó el pasado 1 de diciembre en la cárcel de Aranjuez. Ha de cumplir una pena de cuatro años, aunque espera que en breve le concedan el segundo grado alegando su edad -69 años- y su estado de salud -fue objeto de un trasplante de hígado en 2010. Con esta condición gozaría de 36 días de libranza al año. Luego prevé solicitar el tercer grado, por el que dispondría un nivel de semilibertad, con 48 días de permiso, pero este objetivo se retrasará si no traspasa los bienes inmuebles con los que ha de hacer frente a su multa.

El expresidente de la Diputación de Castelló y del PP provincial escogió Aranjuez al residir en Madrid dos de sus tres hijos y porque en la capital de España es donde afronta las revisiones médicas derivadas de su trasplante. En este sentido, permanece en un módulo de enfermería.

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