Compromís pregunta por las «amenazas» para cobrar las tasas

El diputado por Castelló de Compromís, Josep Maria Pañella, ha presentado una pregunta parlamentaria para saber «qué hay de cierto» en la acusación formulada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) de Castelló, en el sentido que desde la conselleria de Bienestar Social, y más concretamente su directora territorial, Pilar Badenas, «les había ordenado que pidieran a sus socios el número de cuenta bancaria, amenazándolos con represalias si no lo hacían así».

Pañella, que se mostró su «total oposición» al cobro de las tasas a las personas discapacitadas, quiere saber «si realmente desde la conselleria se ha amenazado a las entidades, con la afirmación de que en tanto en cuanto reciben subvenciones del Consell deben llevar a cabo esta tarea, que en todo caso habría de llevar a cabo la misma administración, y con irregularidades tan graves como el hecho de pedir la cuenta bancaria antes de notificar a las personas afectadas la cantidad concreta que deberán pagar cada de ellas por esta tasa».

El diputado de Compromís aseguró ayer en un comunicado que «de ser cierta esta acusación de la asociación de discapacitados -y, sinceramente, y vistos los precedentes, tendemos a creer mucho más lo que denuncian los discapacitados que no las excusas que dará la administración- no nos quedará más remedio que sumarnos a la petición formulada por el Cermi, en el sentido de pedir el cese o la dimisión de la directora territorial de Bienestar Social, por coacciones y prepotencia».

Los hechos

Cabe recordar que el comité nacional de discapacitados ha denunciado «coacciones» por parte de la delegada territorial de Bienestar Social, Pilar Badenas, para que sean las asociaciones las que pidan a los usuarios los datos bancarios para que la Generalitat Valenciana pueda cobrarles las tasas. Las supuestas «amenazas» tuvieron lugar en una reunión celebrada en Castelló el pasado 8 de enero en la que se pidió a la delegada territorial que fuera ella misma la que fuera a las asociaciones y explicara a los familiares la nueva tasa y su forma de pago. Ante esta propuesta, y según han confirmado varias personas asistentes a la reunión, Badenas les recordó que son asociaciones «que deben colaborar» con la administración autonómica.

Ante esta situación, los asistentes calificaron la actitud de delegada territorial de «prepotente e injustificada contra los usuarios, sus familias y los propios centros de atención, menospreciando la labor de estos centros que están trabajado en el objetivo común de mejorar la calidad de vida y la igualdad de derechos de las personas con discapacidad y, hasta el momento, lo han venido haciendo sin ningún tipo de problemas».