El juzgado invalida la licencia de la planta terrestre del almacén Castor

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Castelló ha anulado la licencia que el Ayuntamiento de Vinaròs concedió en 2009 para la construcción de la sede terrestre de la plataforma Castor y concluye que esta obra se autorizó de forma irregular sin cumplir exigencias normativas urbanísticas y de impacto paisajístico. Además, el juez establece que se emplazó de forma injustificada en suelo rústico sin contar con la preceptiva Declaración de Interés Comunitario, que en este caso debería haber sido otorgada por la Conselleria de Territorio.

De igual modo, el fallo judicial advierte que «se vulneró toda la normativa en relación a integración paisajística» y la Declaración de Impacto Ambiental fue realizada con anterioridad a la aprobación del Estudio de Integración paisajística, por lo que éste no se incorporó ni al estudio ni a las medidas correctoras propuestas, que además se consideran «deficientes» y que nunca fueron implantadas.

El consistorio tardó 8 horas en dar informe técnico favorable

Así, el juzgado considera que tanto el Ayuntamiento de Vinaròs (entonces gobernado por el PSPV) como la Generalitat Valenciana (PP) incurrieron en irregularidades al facilitar los permisos para la instalación del edificio y el gaseoducto terrestre de la plataforma Castor.

La sentencia da respuesta al recurso que interpuso la mercantil Rio Cenia S.A., la cual se vio afectada por las obras y por el gaseoducto (cuya autorización también fue anulada por los tribunales al considerar ilegal la excención de la declaración de impacto ambiental que otorgaron el Gobierno y la Generalitat).

Este fallo judicial pone un problema más sobre la mesa al Gobierno y a los gestores de la plataforma Castor, que en la actualidad sigue cerrada (aunque activa en modo de hibernación) tras haber desatado 550 terremotos de hasta 4,2 grados en la escala de Richter.

Asimismo, esta irregularidad en la planta terrestre se suma a las ya denunciadas por la Fiscalía, que imputa supuestos delitos de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente a los responsables del Instituto Geológico y Minero, del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Industria que intervinieron en la tramitación de la concesión de explotación del proyecto, así como contra la mercantil Escal UGS.

La Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia asegura que el resultado de la sentencia no le ha sorprendido, ya que en su día había denunciado la «excesiva» celeridad del consistorio a la hora de conceder la licencia de un proyecto que fue respaldado incondicionalmente por Gobierno, Generalitat Valenciana y Ayuntamiento de Vinaròs.

Seis años después, y tras 550 terremotos, PSPV y PP intercambian acusaciones por los posibles errores del proyecto.

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