Shale Gas promete a los ayuntamientos 7,2 millones al año en tasas si aceptan el «fracking»

­La plataforma creada por las empresas de gas para defender los proyectos de «fracking» en España (Shale Gas) quiere convencer a los municipios afectados por la vía de los beneficios económicos y asegura que los ayuntamientos de Castelló percibirán hasta 7,2 millones de euros anuales en concepto de tasas de explotación. Además, aseguran que en los 41 municipios afectados se crearán hasta 1.800 empleos.

Este argumento económico es una de los ases en la manga que quiere jugar Shale Gas para intervenir una oposición generalizada a la que ya se han sumado 32 de los 41 ayuntamientos afectados en Castelló, además de la diputación provincial, un sector de los empresarios turísticos y decenas de colectivos unidos en la Plataforma Antifracking de Castelló.

También quiere contrarrestar Shale Gas el informe desfavorable de la Dirección de Evaluación Ambiental de la Conselleria de Medio Ambiente, cuyos técnicos concluyen en un informe fechado en junio que el proyecto de Montero Energy afectará a espacios naturales protegidos y no ofrece las mínimas garantías ambientales.

A este respecto, Shale Gas (en la cual se integra la multinacional Montero Energy) afirma que no tiene constancia oficial de dicho estudio y reitera que se cumplen «todos los requisitos ambientales de forma escrupulosa».

En términos económicos, Shale Gas quiso ofrecer un escenario económico atractivo al estimar que cada pozo de explotación aportará hasta 600.000 euros en tasas a las entidades municipales, una cifra que se traduciría en 7,2 millones si se cumpliera la expectativa de Montero Energy de poner en marcha 12 pozos exploratorios en las comarcas castellonenses.

Según Shale Gas, a esta cantidad habría que sumar la creación de 1.800 empleos (150 por pozo), un 4% en impuestos por producción de gas para municipios y comunidades autónomas, un canon de explotación de 125.000 euros por sondeo y un 1% de los beneficios de producción para los propietarios del suelo.

Esta es precisamente una de las novedades que ha incorporado la Ley del Sector de Hidrocarburos aprobada por el Gobierno el pasado mes de diciembre, una medida que ha sido calificada de incentivo por el Gobierno y de intento de compra de voluntades por parte de los grupos ecologistas.

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