Los edificios de más de 65 años de Castelló deberán revisarse este año

Las fincas de más de 50 años se evaluarán por orden de antigüedad en los próximos cinco años - Los propietarios que se nieguen serán multados

La ordenanza afectará al casco histórico.

La ordenanza afectará al casco histórico. / Levante-EMV

j. mestre | castelló

El Ayuntamiento de Castelló sancionará hasta con diez multas a los propietarios de los inmuebles de más de 50 años que no se sometan a la inspección técnica en un plazo de cinco años. Primero pasarán esta inspección las casas de más de 65 años, y en un plazo de cinco años continuarán de forma escalonada el resto de viviendas de más de medio siglo de existencia. Así lo indica la nueva ordenanza de evaluación de edificios, cuya tramitación se ultima y que estará vigente cuando se apruebe, en torno a este primer trimestre.

Esta ordenanza regulariza la ITV inmobiliaria de acuerdo con la nueva legislación urbanística. El coste, que rondará entre los 200 y los 300 euros, según expertos, correrá a cargos de los propietarios, y el ayuntamiento ofrecerá asesoramiento a los mismos. Asimismo, se trata de un paso previo y necesario para que los particulares puedan solicitar ayudas del plan de rehabilitación de viviendas.

La normativa fija un calendario de ejecución dividido en diversas fases. Señala que durante 2015 se evaluarán los inmuebles anteriores a1950, en 2016 y 2017 los construidos entre 1951 a 1966, en 2018 los de 1967, en 2019 los de 1968 y en 2020 los de 1969. Las fincas erigidas a partir de 1970 deberán pedir el informe de inspección en un plazo máximo de cinco años desde que cumplan los cincuenta años.

La primera ITV deberá realizarse en un periodo de cinco años y luego se deberá renovar cada diez años, aunque el ayuntamiento podrá requerir al propietario que de forma anticipada lleve a cabo el informe de evaluación si detecta deficiencias, según indica el documento.

El objetivo de esta iniciativa es conseguir que el viejo parque inmobiliario de Castelló adecue sus condiciones de accesibilidad y eficiencia energética en el horizonte de 2020 marcado por la Unión Europea. Así, el informe de evaluación, añade la ordenanza, recogerá el estado de conservación del edificio, la situación de accesibilidad y la certificación de eficiencia energética.

Para los casos que haga falta una rehabilitación, el Gobierno central ha dispuesto una línea de ayudas a través del plan estatal de vivienda 20130-2016, que asumirá un máximo del 30 % del coste global de la actuación. No obstante, estas subvenciones se encuentran todavía sin activar en la Comunitat Valenciana, ya que su gestión depende del Consell y hasta que no salde la deuda correspondiente al anterior plan no puede impulsar el citado nuevo plan de rehabilitación.

La portavoz adjunta de Compromís, Ali Brancal, demandó también ayudas municipales para financiar parte de la ITV, dado que en el actual contexto hay familias, sostuvo, que carecen de recursos para esta inversión extra.

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