Cerca de un centenar de profesores interinos de centros públicos de la provincia de Castelló podrían ver peligrar su puesto de trabajo si la Generalitat aplica finalmente una nueva rebaremación de la bolsa de trabajo tras las próximas oposiciones a los cuerpos docentes, según estimaciones del sindicato Stepv.
El fondo del conflicto reside en la decisión del Consell de exigir a los docentes interinos (incluso a los que trabajan durante más de dos décadas sin plaza definitiva) que concurran y aprueben unas oposiciones para no perder su puesto en la bolsa de trabajo, lo cual afecta a docentes que ya trabajaban de forma estable y habían dejado mucho tiempo atrás su periodo de estudios, en contraste con los recién titulados en magisterio que concurren a las oposiciones. Las oposiciones de 2015 implicarán una segunda oleada de rebaremaciones en las especialidades que no fueron convocadas en 2013 y afectarán a 36 bolsas de trabajo. Además, el profesorado que se acogió a moratoria en 2013 y no aprobó perderá automáticamente su puesto en la bolsa de trabajo si no aprueba la fase completa de oposiciones (incluidos cuerpos de maestros y docentes de secundaria, FP, Escuela Oficial de Idiomas, Música y Danza). La polémica surgió tras la decisión del PP de romper el acuerdo de interinos pactado con los sindicatos (que tenía vigencia hasta 2014). Según denuncian los sindicatos, este nuevo convenio suprime la antiguedad y la prioridad en la bolsa de trabajo para los interinos que no se presenten a las próximas oposiciones de su especialidad o que no las aprueben.
Stepv, UGT y CSIF lamentaron que la propia conselleria prevé que esta medida deje sin trabajo al 50% de la actual plantilla interina, que sería sustituida por docentes más jóvenes con sueldos más baratos y sin antigüedad. Por su parte, la Generalitat argumenta que el objetivo es hacer una selección natural para que los profesores que finalmente trabajen en los centros sean los más cualificados (en función de los resultados de las oposiciones). Este argumento no convence a las agrupaciones sindicales, que alegan que la medida perjudicará a profesores interinos cualificados que en algunos casos trabajan desde hace 20 años en centros públicos y cuya situación personal o familiar puede hacer difícil que estén pendientes de cuándo se convoca oposición.
