Suscríbete

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

«La reforma penal criminaliza la pobreza y la protesta social; es autoritaria e ineficaz»

Catedrática de derecho penal y directora del Centro de Investigación en Derecho penal, Criminología e Inteligencia de la Universitat Jaume I. Durante dos décadas, María Luisa Cuerda ha sido magistrada suplente en la Audiencia Provincial de Castelló y es miembro de la Junta Directiva del Grupo de Estudios de Política Criminal, que organiza hoy en la UJI una acción conjunta con todas las universidades españolas contra la reforma del Código Penal que está ultimando el PP. El evento une a jueces, profesores, magistrados y fiscales bajo el lema «¡No hay derecho! Por un Código Penal de todos».

¿Por qué se unen profesores, jueces, magistrados y fiscales contra esta reforma del Código Penal?

Nos unimos porque entendemos que es una reforma profundamente autoritaria y no conforme a los principios propios de un estado democrático. En determinadas materias es para echarse las manos a la cabeza.

¿Por ejemplo?

El tema de la cadena perpetua es una reacción desproporcionada, inhumana e ineficaz. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha admitido la conformidad de la prisión permanente revisable, pero siempre y cuando deje una esperanza real de reingreso en la sociedad. No basta con decir que se realizará, sino que el sujeto pueda volver a la sociedad. Pero la cadena perpetua que introducen en esta reforma incluye la revisión de la condena a los 25 años o a los 35, y eso no deja al penado una posibilidad real de inserción social. Y además esta revisión está sujeta a ser denegada, y más en este país donde las presiones sociales y del propio Gobierno llevan a tomar medidas en contra del reo. Imaginemos las revisiones de casos sensibles en los que puede haber una presión social que va a hacer muy difícil que se de la libertad al reo. Algo así no existe en ningún país de Europa.

También se consideran delito ciertas protestas pacíficas...

Sí, se están penalizando conductas que suponen una alteración del orden, pero el orden no es más importante en un estado de derecho que la libertad. El orden público es un bien instrumental para ejercer otros derechos, pero este código usa el orden para penalizar protestas ciudadanas. Por ejemplo, los «scratches», las sentadas contra desahucios o ocupar un banco para ejercer presión y protestar puede ser delito, lo cual conlleva antecedentes penales e inhabilitación para cargo público. El código ha criminalizado la protesta social.

Decía usted que es la reforma del Código Penal más autoritaria que ha existido en España desde 1995». ¿Qué la hace tan autoritaria?

La prisión permanente revisable es poco respetuosa con los derechos del penado. En una democracia todo el mundo somos anti-terroristas, anti-asesinos, etc. Pero lo difícil es ser demócrata, y eso supone un plus, y asumir que esas personas tienen unos derechos y dignidad. Aumentar las penas en delitos leves patrimoniales (hurtos y robos pequeños como robar artículos de menos de 400 euros en el Corte Inglés) es echar la carga sobre los delincuentes clásicos de exclusión social. No va a afectar a los poderosos. Se está criminalizando la pobreza. Sólo hay que ver lo poco que cuesta castigar un hurto y lo que nos está costando juzgar el caso Gürtel.

¿Es un mito que las penas más duras dan mayor seguridad?

Por supuesto. Fíjese que tenemos el código con la pena más elevada en comparación con Alemania, Francia e Italia (40 años), y lo han aumentado sin revisar antes si los índices de delincuencia han subido y sin estudios científicos. Por ejemplo, en EEUU, los estados con pena de muerte tienen más delincuencia que otros con condenas más suaves. No hay ningún estudio que demuestre que un aumento de las penas suponga más seguridad. La eficacia depende de otras muchas cosas. La reforma es pura propaganda. Y lo ha hecho el PP y lo ha hecho el PSOE, aunque es verdad que el PSOE respetó un mínimo consenso. Al PP le ha dado igual no buscar consenso y ha desoído las voces del Consejo General del Poder judicial, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado, que le han advertido de que está equivocado y que no debería hacer esta reforma. Una reforma penal es algo muy serio y no puede ser que cada nuevo gobierno haga la suya con una gran carga política. Nadie se había atrevido a hacer algo así.

Compartir el artículo

stats