La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Castelló (Fapa-Penyagolosa) y la Confederación Gonzalo Anaya llamaron ayer a la movilización de más de 200 Ampas de Castelló contra «el modelo de escuela privada que intenta imponer la Generalitat» y denunciaron que los centros concertados «cobran cuotas a las familias y no garantizan la educación universal y gratuita».
A este respecto, los portavoces de las Ampas recordaron que la Fiscalía «ha abierto una investigación por prevaricación, malversación de fondos y falsedad documental y los centros concertados están en el punto de mira». Argumentan que los centros concertados deberían ser supuestamente gratuitos y de acceso igualitario (al estar financiados con fondos públicos), pero restringen el acceso y encarecen el precio «con los elevados costes del comedor escolar y las extraescolares, las cuotas "voluntarias" que se cobran a las familias y el negocio de los uniformes».
La crítica no es nueva, pero ha cobrado una nueva dimensión con la intervención de la Fiscalía en respuesta a una denuncia de Compromís, lo cual ha propiciado una reacción sin precedentes de las Ampas de los centros públicos. Así lo exponía ayer la portavoz de la Confederación Gonzalo Anaya, Eva Grimaltos. «Las Ampas no podemos restar indiferentes y debemos reaccionar ante el modelo de escuela privada que defiende la consellera María José Català, que ha desprotegido el sistema educativo público para promover la red privada de centros educativos. Por contra, ha eliminado todas las ayudas al estudio y a los libros de texto para los escolares de la pública, ha recortado becas de comedor a los escolares de la pública y ha reducido unidades y aulas en los colegios e Institutos de Secundaria (IES)».
Los representantes mayoritarios de las Ampas castellonenses (presididas desde el sábado por Silvia Centelles) cuestionaron una supuesta política de adoctrinamiento por parte de la Generalitat. «Con estas políticas, el gobierno valenciano ha desviado los recursos públicos y ha promovido la red privada, con un pensamiento único de hacer negocio con la educación garantizando la clientela y el adoctrinamiento, en el caso de los centros católicos concertados». Asimismo, Fapa-Penyagolosa denuncia una duplicidad de gasto innecesaria al financiar concertados cuando hay plazas públicas.
