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Los comerciantes aceptan actualizar los alquileres de renta antigua

Los afectados solventan la supresión de los antiguos alquileres con acuerdos y alguna jubilación

La supresión de los alquileres de renta antigua ha sido fácilmente resuelto en la ciudad de Castelló donde la mayoría de los comerciantes han negociado, de mutuo acuerdo, la actualización de los precios acorde al mercado actual. Así lo han confirmado desde la Confederación Valenciana de Comercio (Covaco) desde donde se ha informado que, de momento, no consta ningún cierre por no poder hacer frente a la nueva tarifa y que, en todo caso, algunos han optado por la jubilación.

«En la mayoría de los casos, los alquileres de los comercios afectados se han adaptado sin problemas a los actuales precios del sector y no tenemos constancia de que haya sido un grave perjuicio», aseguran desde la confederación. Asimismo, la Covaco añade que sí existen casos en los que, aprovechando la coyuntura y la edad del comerciante, se ha optado por una jubilación, aunque estos casos también han sido minoritarios.

Por su parte, el presidente de Centre Ciutat Castelló, José Verchili, ha detallado que los afectados son muy «reacios» a publicitar que tienen un alquiler de renta antigua, lo que dificulta un cómputo exacto de los casos que se han dado en la capital de la Plana, aunque se estima que son alrededor de mil los comerciantes que han tenido que hacer frente a una negociación con su arrendador. Verchili explica que la postura de Centre Ciutat Castelló siempre ha sido la de fomentar un acuerdo entre las partes que favorezca al comercio local. «Nosotros estamos a favor de cualquier tipo de acuerdo que impida que un comercio se cierre», asegura Verchili.

Cabe recordar que desde el pasado 1 de enero entró en vigor la denominada Ley Boyer que, en el año 1985, acabó con la «prórroga forzosa para el arrendador» de la anterior ley de 1964, pero que acordó una moratoria de veinte años para que los denominados comúnmente como alquileres de renta antigua negociasen con tiempo una actualización «real» de los alquileres. Esta moratoria ganó diez años más ya que el decreto no fue ratificado por el Tribunal Constitucional hasta el año 1994, por lo que la dilación de veinte años como tal no entró en vigor hasta diciembre de aquel 1994.

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