El Ayuntamiento de Borriana cerró ayer la Comisión Especial de Investigación iniciada para aclarar las responsabilidades municipales en la tramitación de las unidades de ejecución A-24-25-26 y cuya anulación ha perjudicado al consistorio ya que se debe indemnizar a la empresa adjudicataria. La investigación, sin embargo, no ha arrojado luz sobre la tramitación, al menos según los partidos en la oposición, PSPV y Cibur, cuyos portavoces criticaron ayer que la comisión se había cerrado «en falso».
La portavoz del grupo independiente Cibur, Mariola Aguilera, fue contundente ayer al asegurar que el cierre de la comisión en el día de ayer suponía «una nueva patada a la supuesta política de transparencia de la que tanto alardea el Partido Popular» ya que ninguna de las personas que habían pedido que acudieran como testigos «han sido citadas», lamentó Aguilera. «Esta comisión nació viciada de oficio, ya con el reparto de miembros de la misma, 4 del PP, uno de ellos, el señor Perelló, recusado por tener interés directo, 2 del PSOE, 1 de Cibur y ha acabado de manera triste. Las conclusiones presentadas no han sido ni tan siquiera leídas, y ninguna de las personas que solicitamos que acudieran como testigos han sido citadas», explicó.
Para la portavoz del grupo de la oposición «los hechos,muy graves, están ahí y bien documentados y cerrar los ojos a la realidad no es la solución. Su oscurantismo es tal que no han colgado, tal y como prometieron, nada en el Portal de Transparencia. Deben temer que los ciudadanos de Burriana que lean la documentación lleguen a conclusiones que no les favorezcan». Por último destacó el papel que el futuro candidato a la alcaldía por parte del Partido Popular, Juan Fuster tuvo en esta comisión al señalar que era «más de lo mismo». Por su parte, el portavoz del grupo socialista, Javier Gual, hizo hincapié en «la falta de tiempo que se ha dado a los grupos para el estudio de toda una documentación que es muy extensa».
«Se hicieron llegar los documentos hace quince días y, hasta el momento, nuestro grupo solamente ha podido estudiar de forma concienzuda la documentación referente a la Piscina Municipal», señaló Gual. Ya en estos documentos, el edil socialista señala que existen «puntos oscuros e infames como decretos de alcaldía sin justificar, por lo que es un paradigma de la mala gestión del equipo de gobierno».
Gual aseguró que habían solicitado una prórroga de la comisión que tampoco se admitió. Por todo esto, la conclusión del PSPV en Borriana es que la comisión «ha sido un paripé, que se cierra cuando no se ha esclarecido nada y, políticamente, la gestión del PP parece oscura», concluyó Gual.
En respuesta a las críticas, el presidente de la comisión, el popular Juan Granell, aseguró ayer que el equipo de gobierno «aportó toda la documentación que los grupos de la oposición solicitaron, se han tenido dos semanas para estudiar esta, pero en el expediente no se aprecia ninguna ilegalidad». «El único contratiempo es que hay que resarcir económicamente a la urbanizadora Urbacon, pero esto hay que hacerlo porque existe una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que así nos obliga a hacerlo», señaló Granell.
Asimismo, el edil popular añadió que «tal vez» el consistorio «erró» al mantener el silencio administrativo «una vez conocida la demanda de Urbacon. Legalmente no hay manera de evitar ese pago a la urbanizadora, si algún grupo de la oposición conoce una fórmula real, que la aporte, porque todos los asesores con los que cuenta el ayuntamiento han coincidido en que es imposible recurrirla con éxito».
Con respecto a las críticas de Cibur, Granell aseguró que en la documentación «no se aprecia ninguna irregularidad». «El ayuntamiento no es un tribunal, por lo que quien quiera un juicio, que lleve el tema a los tribunales», concluyó.
