La apuesta por la transparencia y la participación ciudadana marcados por el presidente de la diputación, Javier Moliner, como ejes del funcionamiento y la gestión de la institución provincial, se plasmará en la adhesión de la institución provincial al Código de Buen Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Esta medida, que la diputación aprobará en Comisión de Presidencia el próximo martes 21 de abril y llevará al próximo pleno, la institución asumirá las líneas estratégicas que apunta el código para la adecuada gestión pública desde la consideración del buen gobierno. Moliner confía en aprobarla con el apoyo unánime de todos los grupos políticos.
Así lo anunció el propio presidente provincial, quien hizo hincapié en «la voluntad de esta casa de ser tan transparentes como la ley nos permita y en consecuencia más cercanos y útiles a los ciudadanos que nunca. Este código resume el buen comportamiento del gobierno local, plasma lo que ya estamos haciendo y abre nuevas oportunidades a la participación ciudadana a través de las nuevas tecnologías. En definitiva, se trata de poner negro sobre blanco lo que he llevado a la práctica desde el primer día de trabajo, lo que cualquier ciudadano entiende que debe ser un buen gobierno y lo que la inmensa mayoría de políticos hacemos todos los días: ser transparentes, escuchar a los ciudadanos, ser éticamente responsables en cada uno de nuestros actos y fomentar todos los valores de la democracia participativa».
El contenido del Código de Buen Gobierno se articula en torno a cinco ejes: estándares de conducta para la mejora de la democracia local, compromisos éticos en materia de conflictos de intereses, régimen de incompatibilidades y retribuciones, relaciones entre cargos electos y empleados públicos, y medidas para mejorar la democracia participativa.
Además de la determinación de los principios y estándares de actuación, así como la fijación de un marco relacional entre los niveles de gobierno y administración, el Código de Buen Gobierno incide en dos aspectos:
El primero, los compromisos en materia de conflictos de intereses, advertido el mayor impacto que en la dignidad y reconocimiento de legitimidad de gobiernos y administraciones públicas genera en los ciudadanos. El segundo, como uno de los aspectos más novedosos, la irrupción en el ámbito de la administración local, de las tecnologías sociales, y en concreto de las redes sociales digitales.
Fuentes de la diputación provincial destacaron que este código «es un paso más como parte de toda una batería de acciones para maximizar la transparencia y la participación».
