La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha calificado al herbicida glifosato y a los insecticidas diazinón y malatión como «probablemente cancerígenos para los humanos».
Pese a que la Unión Europea no ha reaccionado todavía a este anuncio, se espera que en breve adopte algunas medidas restringiendo su uso, lo que tendría importantes repercusiones en la Comunitat Valenciana, donde se consumieron 3.582 toneladas de herbicidas en 2013, mayoritariamente basados en el glifosato, un producto activo que durante años se comercializó con diversas marcas, siendo la más conocida la de «Roundup», de la multinacional Montsanto, que poseía la patente.
Vicent Yusá, profesor asociado del departamento de Química Analítica de la Universitat de Valencia y José Antonio Manrique, médico y especialista en medicina preventiva y salud pública, sostienen que la inclusión en el grupo 2A del glifosato como «probable» cancerígeno para los humanos «tendrá consecuencias en relación a su uso masivo para eliminar las malas hierbas, no solo en la agricultura, sino también en zonas urbanas como jardines, aceras o patios de colegio».
Yusá espera que la Unión Europea no sea ajena «a esta nueva realidad». Entre sus competencias se encuentra la de «revocar o restringir la autorización del glifosato para sus actuales usos», destaca.
Sin embargo, no sera fácil, avanzan: «Las presiones de la multinacional Monsanto, creadora de esta sustancia activa, serán enormes».
Rechazo
La Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas (Aepla), que representa a los fabricantes de herbicidas en España, ha tachado de «imprecisas e indefinidas» las conclusiones de la IARC.
Según su director general, Carlos Palomar, «las conclusiones emitidas por la IARC contradicen los más sólidos y estrictos sistemas regulatorios a nivel mundial, entre los que se encuentran el europeo y el estadounidense, bajo los cuales los productos destinados a proteger los cultivos, son revisados de manera exhaustiva tras ensayos plurianuales que confirman que sustancias activas como el glifosato y el malation no presentan riesgos cancerígenos para los humanos». Según asegura, la nueva clasificación dada a estos productos es el resultado de una revisión de datos «incompleta» en la que se han omitido «evidencias clave».
«El Ministerio de Agricultura debería sin demora iniciar el proceso de revisión de los usos autorizados de los productos que contienen glifosato, eliminando aquellos usos incompatibles con un plaguicida que puede provocar cáncer», apunta Yusá.
Según J. A. Martínez, «a las autoridades sanitarias les corresponde trabajar conjuntamente con los ayuntamientos para garantizar un uso racional de los productos fitosanitarios en áreas urbanas, exigiendo el cumplimiento de toda la normativa existente, y especialmente del Real Decreto 1311/2012, que demanda minimizar los riesgos, y prohíbe el uso de plaguicidas en ámbitos urbanos específicos, o únicamente permite los de bajo riesgo».
Actualmente existen más de 70 productos diferentes en España que contienen glifosato como principal o única sustancia activa que pueden utilizarse en zonas urbanas «en dosis nada despreciables».
En este sentido, los especialistas apuntan que los ayuntamientos «tienen la obligación» de que las empresas especializadas contratadas o propias «presenten planes de trabajo de los tratamientos, y aprobarlos únicamente cuando se garantice la seguridad de los ciudadanos , es decir, cuando se apliquen plaguicidas de de muy bajo riesgo, lo que excluye al glifosato».
«No parece lógico que un plaguicida con este grado de peligrosidad pueda aplicarse incluso en zonas frecuentadas por grupos de población vulnerables como áreas de juegos infantiles o jardines de residencias de ancianos», explican.
«La lucha contra el cáncer no solo requiere de mejores tratamientos terapéuticos: minimizar la exposición a las sustancias de riesgo es esencial», concluyen.
