El Defensor del Pueblo ha solicitado a la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente que informe sobre la manera en la que se están efectuando los pagos de las ayudas de acceso a la vivienda concedidas entre 2009 y 2012, y que todavía no ha pagado a sus beneficiarios. La plataforma de afectados ha denunciando la falta de transparencia en los reintegros que, aseguran, no se están realizado por orden de antigüedad. En Castelló, la deuda es de 20 millones de euros y hay más de cinco mil familias afectadas.
Según se recoge en el escrito que firma el adjunto primero del Defensor del Pueblo, Francisco Fernández, la conselleria que dirige Isabel Bonig ha eludido el requerimiento del comisionado de detallar el orden de prelación, algo que el defensor estima «de considerable importancia, teniendo en cuenta que existen subvenciones sin pagar desde el año 2009».
La institución dice que «confía» en que se respetará dicho orden pero no exime al Consell de que se pronuncie al respecto y le recuerda sus «deberes legales», entre los que se encuentra el de informar de las cuestiones planteadas, en cumplimiento de la ley reguladora del Defensor del Pueblo.
La respuesta del comisionado, de fecha 20 de abril, se emite tras la queja presentada por la Plataforma de Afectados de Ayudas a la Vivienda al conocer que el Consell ha saldado ayudas correspondientes al año 2012 cuando todavía hay gente de 2009 que nos las ha recibido.
El defensor expone que la conselleria competente ha informado que, para atender los compromisos de las ayudas en materia de vivienda, «se han generado créditos presupuestarios para hacer frente a todos ellos, por importe de 250 millones de euros», montante que se adeuda en toda la Comunitat Valenciana.
Asimismo, según la Generalitat, a fecha 31 de enero se abonaron 40 millones de euros y, en estos momentos, se está completando el proceso de acreditación de todos los expedientes afectados, por lo que se prevé realizar abonos mensuales de diez millones durante este ejercicio. Este calendario de pagos, que se alargarán durante el año electoral, ha sido el únicos que, de momento, se está cumpliendo.
No obstante, el defensor añade que, a su juicio, la Generalitat «no hace referencia alguna a las distintas cuestiones relativas a la tramitación de las ayudas a la vivienda, cuestiones „dice„ que tienen importancia en tanto que repercuten en los derechos de los ciudadanos, fundamentalmente en aquellos que tienen reconocido un derecho al abono de la subvención desde hace años. El importe de las ayudas oscila entre 5.000 y 12.000 euros por afectado.
