La crisis del sector inmobiliario ha dejado al 43 % de la superficie de la provincia urbanizable sin edificar. Los ayuntamientos de Castelló promovieron recalificaciones en la época de bonanza sin ton ni son pensando que el maná del ladrillo no tenía fin. El desplome ha conllevado consecuencias económicas en los propietarios de estos terrenos. Ahora asumen un Impuesto de Bienes Inmuebles urbano por un solar que carece de construcción. El IBI que abonan se encuentra muy alejados de los precios actuales del mercado real. Una muestra se da en un vecino de l' Alcora, que ha visto que sus terrenos han disparado el recibo del impuesto de la contribución desde que se recalificaron en 2003 y pasaron de rústico a urbano.
«Pagamos casi 1.000 euros por un solar de 1.150 metros cuadrados, que si se vende como mucho se sacaría 3.000 euros», lamenta. Denuncia que la valoración catastral de su parcela «está a todas luces fuera de la realidad al cifrarse en 133.114 euros -165 euros por metro cuadrados, un valor absolutamente fuera del mercado por su altísima valoración».
«Hoy en día ni tan siquiera se podría vender por la mitad de dicho valor, en un municipio de 10.000 habitantes del interior de una provincia castigada por la crisis económica», sostienen en el recurso que han presentado ante el Ayuntamiento de l'Alcora, en el que reclaman recuperar la condición de rústico.
Este caso de l'Alcora no es aislado y se repite en la mayor parte de municipios de la provincia de Castelló. Sus revisiones catastrales -baremo por el que se calcula el IBI- se diseñaron en el época de crecimiento económico y comportaron nuevas cifras que ahora están desfasadas. A esta modificación al alza del catastro se unieron las recalificaciones de terrenos en los que se anunciaron inminentes urbanizaciones, pero que han quedado sin construir por el estallido de la burbuja inmobiliaria. En esta situación hay ahora innumerables bolsas de terreno con programaciones urbanísticas, incluso aprobadas por los gobierno locales de turno que nunca llegaron a materializarse pero que siguen generando pingües beneficios para las arcas locales.
9.553 hectáreas sin desarrollar
La provincia, según la última estadística de la Dirección General del Catastro, dispone en la actualidad de 47.570 parcelas con calificación de residencial sin el correspondiente desarrollo urbanístico. Estas parcelas suman 9.553 hectáreas, casi la mitad de la superficie urbanizable de la provincia (20.450). Es decir, de acuerdo con estos datos, la mitad de las propietarios de Castelló pagan un a contribución urbana por unos terrenos que no están edificados y tampoco hay ninguna previsión sobre ellos.
Los afectados ven como tabla de salvación una sentencia del Tribunal Supremo del año 2013, que instó al Ayuntamiento de Badajoz a cobrar un IBI rústico en una solar urbanizable sin ordenación pormenorizada.
Esta resolución se circunscribe a Extremadura, pero sienta jurisprudencia. Los titulares de Castelló han de recurrir a los tribunales para pedir un cambio en la clasificación de sus terrenos.
Previamente han de acudir a los ayuntamientos pertinentes, y una vez respondan con una negativa es cuando han de presentar la demanda en los juzgados. Los consistorios suelen un cambio porque están condicionados por la ley catastral, que fija las revisiones cada diez años, y porque el IBI es la principal fuente de ingresos.
Castelló ya ha creado una plataforma de afectados del «IBI injusto» para ayudar a los damnificados.
