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La diputación prevé triplicar los planes reglados en cuatro años

Moliner destaca que ha fomentado la igualdad de oportunidades de todos los municipios En la época de Carlos Fabra abundaban los convenios singulares, en los que se da más arbitrariedad

Imagen de archivo de un pleno de la diputación. carme ripollés

La Diputación de Castelló prevé triplicar los planes reglados de libre concurrencia que definen su actuación en las distintas áreas hasta concluir 2015 con un total de 63 frente a los 19 con los que contaba la institución en 2011. Con este modelo de gestión «se garantiza la igualdad de oportunidades» de todos los municipios castellonenses de cara a acceder a los recursos de la diputación, según ha informado la institución provincial en un comunicado.

El presidente de la Diputación, Javier Moliner, ha explicado que «la cifra de órdenes regladas es la traducción de todo el trabajo 'de campo', a pie de calle, que los diputados del equipo de Gobierno realizan a diario».

«Conocer las necesidades de cada uno de los 135 municipios de nuestra provincia permite un posterior análisis y respuesta de la diputación a través de planes reglados que abarcan cada una de esas áreas de necesidad, con los criterios que los técnicos expertos de la casa definen, de forma que la respuesta sea lo más justa, ágil y eficaz para atender de la mejor manera esa necesidad que se nos plantea», ha añadido Moliner.

Código de Buen Gobierno

Por otra parte, el pleno de hoy de la diputación aprobará la adhesión al Código de Buen Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias. A través de esta medida, la institución asumirá las líneas estratégicas que apunta el código para la adecuada gestión pública desde la consideración del buen gobierno.

Transparencia

La institución castellonense ha ascendido hasta el sexto puesto del ranking de las diputaciones más transparentes de España, según el Test de Aplicación de la Ley de Transparencia en las diputaciones realizado por el Departamento de Economía de la Empresa de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). El estudio analiza la situación de 52 instituciones públicas: las 38 diputaciones provinciales, las tres diputaciones forales, los cuatro consells balears y los siete cabildos canarios.

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