En plena tormenta por el escándalo de la diputación de Valencia y tras una legislatura jalonada por los casos de corrupción, el candidato Alberto Fabra presentó ayer el programa electoral del PPCV con las medidas de regeneración como plato fuerte. Fabra avanzó una reforma de los estatutos del partido para blindar sus líneas rojas contra la corrupción, una apuesta que a lo largo de la legislatura le ha generado problemas internos, pero le ha permitido «limpiar» el partido de imputados. Así, se recoge la prohibición de que se incluyan en las listas personas imputadas en casos de corrupción. Este veto, junto a la obligación del alto cargo a dimitir si resulta salpicado en una causa, se está ya aplicando, si bien por imposición del presidente. Fuentes del PPCV precisaron que la intención del jefe del Consell es incluir estas medidas en los estatutos del partido en lo que sería una vuelta de tuerca de las líneas rojas. Con la destitución aún caliente de Alfonso Rus como presidente provincial y el partido en Valencia noqueado, Fabra dejó claro que no hay marcha atrás: «Quienes se han creído que se puede negociar con la honradez se equivocan porque la ejemplaridad de los cargos públicos no es una opción, sino una exigencia innegociable y un principio para el PP», proclamó ante la plana mayor de los populares reunidos el Palacio de la Exposición. «Esta es una versión renovada del PP», insistió.

Entre las propuestas destacan algunas que parecen tener destinatario. Así, se prohibirá que personas condenadas por la corrupción puedan ocupar cargo en órganos estatutarios, una prevención que no aparece recogida en las leyes que regulan instituciones como el Consell jurídica Consultiu. También se impedirá que los miembros de estos órganos puedan cobrar dietas si tienen otras actividades remuneradas, algo que se produce en la actualidad. Además, Fabra habló de un código ético en el que se consolidará la regla de que cada persona sólo pueda desempeñar un cargo y disfrutar de un sueldo. Este punto dio ayer pie a todo tipo de elucubraciones sobre si la medida tiene nombres y apellidos y, en concreto, si está pensada para casos como el del vicepresidente José Císcar, cabeza de lista a las Corts por Alicante y que aspira a presidir la diputación provincial. La norma también afectaría, tal como está escrita, a los alcaldes que aspiran a escaño en las Corts como Rita Barberá, Vicente Betoret o Cesar Sánchez.Con todo fuentes, del PPCV reconocieron fallos en la redacción de la propuesta y matizaron que hay margen para las excepciones. Eso sí, admitieron que acumular tres cargos, como le ocurriría a Císcar si llega a la diputación, no es adecuado.

El PPCV se comprometió también a difundir los méritos y la cualificación profesional de los candidatos y a rendir cuentas, con carácter periódico, de los gastos de los altos cargos, a quienes se les «fiscalizará» el retorno a la actividad privada. Algo así, como vigilancia sobre las puertas giratorias. Según el documento, los cargos tendrán la obligación de atender a los ciudadanos en un horario concreto.

En total, el programa dirigido por el conseller de Gobernación, Luis Santamaría, recoge un total 633 medidas, entre las que figura la financiación autonómica. A este respecto, Fabra se comprometió a no presentarse de nuevo a las elecciones dentro de cuatro años si no logra un cambio en el modelo la próxima legislatura. El anuncio arrancó los aplausos de un público que siempre responde a los clásicos del discurso reivindicativo del PP. Así, el trasvase del Ebro regresa también a la letra impresa de las promesas. Las señas de identidad y el «orgullo» de ser valencianos fue la otra pata de un acto amenizado al principio con dolçaina y tabalet. El nuevo presidente provincial, Vicente Betoret, apeló a la lengua y la senyera; Santamaría se arrancó en valenciano y Fabra confesó su emoción cuando escucha el himno regional, que, por cierto, sonó al final.