El presidente de la Audiencia Provincial de Castellón, José Manuel Marco, ha solicitado a la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) medidas de refuerzo para los ocho juzgados de primera instancia del partido judicial de Castellón para hacer frente al incremento de demandas por nulidad de acciones presentadas desde el 2 de enero hasta el 4 de junio de este año.
La cifra registrada es de 1.450 demandas sólo por nulidad de acciones, según ha informado el TSJCV en un comunicado. Entre el 2 de enero y el 4 de junio de 2015, el total de demandas repartidas entre los ocho juzgados de primera instancia ha sido de 9.509, frente a las 7.471 que se registraron en el mismo periodo de 2014. El incremento de las demandas ha provocado que las fechas de señalamiento lleguen hasta junio de 2016.
El decano de los juzgados del partido judicial de Valencia ya solicitó un refuerzo de tres magistrados para los juzgados de primera instancia por el mismo motivo. En Valencia, entre el 2 de enero y el 4 de junio se han repartido 5.845 demandas relacionadas con productos bancarios complejos, mayoritariamente nulidad de acciones. Este refuerzo se está tramitando y se encuentra en fase de concurso público entre los jueces para ser elevado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En el mismo periodo, las demandas por productos bancarios complejos, especialmente por nulidad de acciones, presentadas en los juzgados de primera instancia de Alicante han sido 175 y en Elche 597.
Convenio
Por otro lado, el Consell ha aprobado un convenio de colaboración entre la Generalitat y el Ministerio de Justicia por el que se formalizan los compromisos financieros vinculados al crédito de seis millones de euros del Programa de Reforma de la Administración de Justicia. La aplicación de medios tecnológicos permitirá «una Justicia digital e innovadora para alcanzar el papel cero en los juzgados y tribunales e implantar el expediente digital y la oficina judicial y fiscal en todo el territorio nacional», según la Generalitat. Así, se posibilitará la digitalización de los procesos de tramitación y gestión procesal y la conexión digital de las oficinas judiciales con los diferentes actores que intervienen en los procedimientos.
