El ambiente se caldea a una semana de la manifestación antitaurina convocada en Castelló como respuesta a la celebrada hace cuatro meses por los aficionados a los toros. Los organizadores de esta última, en representación de 250 peñas de la provincia, amenazan con acudir a los tribunales si no se modifican los carteles de la manifestación del próximo domingo por emplear el término «tortura». Sin embargo, los animalistas se reafirman.
«Defiende lo nuestro. Toro, cultura y tradición» fue el lema de la manifestación del pasado 15 de febrero que congregó a 6.000 personas en Castelló en defensa de los festejos taurinos. Los organizadores de aquel evento han remitido ahora un escrito a las asociaciones defensoras de los derechos de los animales que promueven el acto del próximo domingo. Les instan a modificar «de forma inmediata» sus carteles, al considerar que las expresiones utilizadas podrían ser delictivas «por contener la imputación de un delito teniendo conocimiento de su falsedad». En concreto, la frase que señala que «629 millones de euros al año del bolsillo de lo españoles va destinado a torturas». Los defensores de los festejos subrayan que la tauromaquia está declarada patrimonio cultural y los «bous al carrer» han sido reconocidos como seña de identidad del pueblo valenciano. «La celebración de festejos taurinos está regulada en España y es totalmente legal por lo que no constituye delito alguno su celebración», añaden. Por lo tanto, instan a retirar la palabra «tortura».
Por su parte, la asociación animalista Liberta se acoge al diccionario de la RAE, que define tortura como «dolor o aflicción grande, o cosa que lo produce». «Las subvenciones destinadas a tal fin, y que acompañan a dicha definición que tanto les molesta, evidencian sin ningún género de duda que la tortura a determinados animales en espectáculos públicos autorizados es legal. Por lo que no se está achacando delito alguno, sino mostrando la realidad tal cual es», añade.
«Lo que sí es constitutivo de delito es la coacción a la libertad de expresión y amenazar a las asociaciones y demás participantes en la manifestación con el presunto emprendimiento de acciones legales sin fundamento jurídico», concluyen.
