Martín Pallín es uno de los magistrados que en 2006 condenó al exalcalde de Vila-real por el PP, a año y medio de prisión y ocho de inhabilitación para el cargo público por prevaricación y delito contra el medio ambiente por no impedir las molestias que generaba el ruido de la fábrica cercana de Rocersa a sus vecinos. Vilanova abandonó la política por la puerta de atrás en enero de 2007. El fallo también salpicó al propietario de la fábrica que, según dictaminó el Supremo entonces, generaba ruidos y molestias a los residentes del PAI Madrigal. En el caso del gerente de Rocersa, Pedro Llop, la condena fue de dos años de prisión y dos de multa con 400 euros diarios. Llop tuvo que deslocalizar la empresa del municipio y trasladarla hasta el pueblo vecino de l'Alcora, donde opera actualmente.
¿Qué le parece que el Tribunal Supremo anule su sentencia y haya absuelto al empresario Pedro Llop y al exalcalde de Vila-real, Manuel Vilanova?
Yo discrepo. Todas las barbaridades que se cometieron son rigurosamente ciertas y así lo relató previamente la sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón. Ni yo ni los cuatro magistrados más que llevábamos el caso cambiamos ni una sola coma de los hechos y la decisión la adoptamos por unanimidad. Aunque Castellón estimó que los actos no eran constitutivos de delito, en aquella época la doctrina del Tribunal Supremo era indiscutible. Pero, además, es que el caso suponía un ejemplo claro de ataque a la intimidad por el ruido que generaba el horno de cocción. Nos resultó muy sorprendente que las, por lo menos, veinte mediciones de los ruidos que recogió la Audiencia de Castellón y elaboró la Policía Municipal siempre superaban los niveles permitidos pero argumentaron que el aparato no estaba homologado.
¿Cómo valora el acuerdo alcanzado entre el Supremo y Estrasburgo que permitió a los condenados la revisión de la sentencia?
Es una medida que se anticipa al legislador. En todo caso, no es un acuerdo espontáneo. Creo que la doctrina de Estrasburgo debería ser admisible en el caso de que pudiesen varias los hechos y creo, con todos mis respetos, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos está interpretando mal la doctrina.
¿Esta absolución es ya definitiva y se archiva el caso, o los denunciantes de los ruidos podrían recurrirla?
Sí, es definitiva. La otra parte podría recurrir si siguieran estando afectados por los ruidos y las molestias se reiteraran. De todos modos, el hecho de que la fábrica se trasladara a otro municipio creo que es una prueba sugerente de que los ruidos eran insoportables.
¿La absolución del exalcalde Vilanova implica su inocencia?
No necesariamente, eso lo determina la prescripción. Aquí, antes de entrar en exhibicionismos personales deberían leerse bien los hechos.
¿Por qué cuando usted llevaba el caso no celebró la vista oral en la que los acusados declararan? Fue a lo que se acogieron los condenados para apelar ante Europa.
No lo estimamos necesario porque no iban a cambiar en nada los hechos. Además, el 95 % de los recursos de casación de celebran sin vista oral.
¿Qué es lo que vio determinante para condenarles? Este es de los pocos casos en los que un alcalde es condenado a cárcel y a ocho años de inhabilitación para el cargo público.
Parece que se actuó con recochineo y, sobre todo, por la reiteradísima conducta de desprecio al vecino y al juez que estaba investigando el caso.
Usted dictaminó la sentencia del caso y después se jubiló. Hay personas que se lo reprochan. ¿Qué piensa de esto?, ¿quiso acabar con la carrera política de Vilanova?
No me jubilé inmediatamente después de dictar la sentencia, no lo recuerdo bien pero creo que fue a los tres o cuatro años después. Desprecio los juicios de intenciones que no miden sus palabras y tengo una trayectoria de 20 años que ahí está y nadie puede discutir. Cada uno puede hacer los comentarios que quiera aunque me parecen que son fruto del infantilismo y la inmadurez. Pero si alguien dijera públicamente alguna cosa así sí que tomaría medidas. Pero, bueno, yo amo la democracia y no he querido eliminar la carrera política de nadie y menos sin fundamento.
Los magistrados también son ciudadanos y, por tanto, tienen opinión política. ¿Cómo se hace para separar la profesión de lo personal o de las afinidades políticas?
Con el sentido de la imparcialidad, ser político no es ser un sinvergüenza y ese no sería el mensaje más adecuado para transmitir a la sociedad. Pero, insisto en que las sentencias hay que leerlas bien y sin prejuicios. Yo he leído magníficas sentencias de magistrados conservadores y sentencias pésimas de magistrados progresistas.
