El Ayuntamiento de Vila-real ya ha solucionado el problema al que se enfrentaba con los requerimientos de embargo por los que Hacienda obligaba al consistorio a suprimir a catorce familias necesitadas las ayudas sociales por deber dinero al fisco. Así lo confirmó ayer el alcalde de la ciudad, José Benlloch, quien recordó que dichas órdenes «no llegaron a aplicarse» dada la orden que emitió al tesorero municipal y apuntó que «en principio» no hay riesgo de que la Agencia Tributaria vuelva a exigir la supresión de estas ayudas, a pesar de que al conocer la noticia a finales del mes pasado manifestó que temía recibir una nueva «remesa» de órdenes de embargo. Las ayudas que el ayuntamiento debía suprimir son las complementarias a la renta garantizada de la Generalitat.

Benlloch que, incluso, llegó a afirmar que estaba dispuesto a llegar a los tribunales para frenar esta situación, opta ahora por las herramientas administrativas y políticas para recurrir o modificar el marco legal. En este sentido, ayer anunció que ya están trabajando, tal y como acordó en la reunión que mantuvo con el delegado en la ciudad de la Agencia Tributaria, en aplicar alegaciones contra el artículo 606 de la ley de enjuiciamiento civil «para que dichas ayudas también se consideren inembargables» y señaló que también están redactando una moción para elevarla al Congreso de los Diputados.

En este sentido, indicó que ya ha mantenido conversaciones con algunos de sus compañeros de la bancada socialista en Madrid. «Lo que no puede ser es que la ley sea injusta y nos obligue a permitir crear desigualdad y exclusión social», indicó.

«Además, si los técnicos dan estas ayudas es porque la gente realmente las necesita», añadió, es «comprensible que alguien con pocos recursos y que necesite ayudas, tenga deudas con la administración, precisamente por eso, no las puede pagar». Las ayudas corresponden a la prestación de alimentos, ayudas para sufragar el alquiler de la vivienda o ayudas para pagar el agua, el gas y la electricidad.

Algunas entidades sociales de la ciudad como Cáritas sí que llegaron a contactar con alguno de los afectados por los posibles embargos aunque la alarmas y las quejas no llegaron a saltar ya que las notificaciones de los embargos no llegaron a producirse. El presidente de Cáritas Interparroquial en Vila-real, José Herminio García, sí que comentó a este rotativo que algunos de los afectados transmitieron su preocupación aunque prefirieron ser «prudentes con el desarrollo de los acontecimientos», indicaba. Las propias organizaciones sociales ya manifestaron su disconformidad con esta medida, que tildaron de «aberración». Con esta medida el consistorio estaba obligado a no abonar las ayudas sociales y remitirlas directamente a Hacienda para que dicha administración pudiese saldar las deudas.