El nuevo gobierno progresista de Castelló se ha marcado como reto más inmediato un impulso de la agenda social municipal. Su primera medida será la apertura de comedores infantiles en verano. Se habilitarán en colegios en función de la demanda social. El ejecutivo local tiene poco margen de actuación porque el presupuesto procede de los anteriores munícipes del PP, pero recortará de los gastos de protocolo, en retribuciones y en asesores, que pasarán de 20 a 17 (diez en el equipo de gobierno y siete en los cinco grupos políticos).
PSPV y Compromís reclamaron sin éxito en la pasada legislatura la puesta en marcha de comedores infantiles en el periodo estival, cuando cierran los centros educativos. Los populares sólo aceptaron facilitar puntos de alimentación en las actividades de ocio que se suelen programar en verano. Ahora, el bipartito quiere llevar a la práctica esta promesa a fin de garantizar la atención de los hijos de las familias más necesitadas, según anunciaron ayer en rueda de prensa la alcaldesa, Amparo Marco, y el vicealcalde, Enric Nomdedéu. Los nuevos ayuntamientos de Madrid, Barcelona y Valencia también han previsto comedores en julio y agosto.
«Nuestra prioridad serán las medidas sociales», abundó Marco. «Esta mañana (por ayer) una señora me ha dado un carta de desesperación, y en eso es en lo que tenemos que trabajar, para que nadie entregue estas cartas por desesperación», subrayó la alcaldesa.
El presupuesto actual tiene consignados 1,2 millones de euros en ayudas de emergencia social (alimentación, alquiler de vivienda e higiene). Los partidos de izquierda los considera insuficientes y han empezado a trabajar para derivar partidas económicas que creen que no son apremiantes para otros menesteres sociales, como pueden ser los citados comedores infantiles. Los concejales de Bienestar Social y Educación, José Luis López y Enric Porcar, mantuvieron ayer reuniones con los servicios municipales para analizar qué coste tendría el mantenimiento de los comedores en los colegios y de qué consignación se sufragarían.
El equipo de gobierno también analizará el funcionamiento de los servicios sociales. Nomdedéu, al respecto, subrayó en campaña que se han de incorporar mecanismos en las subvenciones que se conceden a las entidades sociales y vecinales para comprobar que luego tienen un retorno a la ciudadanía. PSPV y Compromís reiteran que su propósito es convertir la actuación social de un «favor» a un derecho. «Nuestro objetivo es situar a la ciudad en el mapa del crecimiento económico, la creación de empleo, la transparencia y el bienestar social como derecho y no como privilegio», sostuvo Marco.
Para aumentar la inversión social, el bipartito plantea un recorte de un 30 % del salario del alcalde, la reducción de cinco a cuatro del número de coches oficiales, la eliminación de la tarjeta de la autopista del primer edil y la disminución de asesores. Marco, además, ha prescindido de sus tres escoltas. Esta última circunstancia no comporta un ahorro, pero amplía la dotación de la Policía Local.
En cuanto a los asesores, fuentes municipales confirmaron que se amortizarán tres plazas, de las que dos corresponden al equipo de gobierno y una a los grupos políticos. La alcaldía dispondrá de cuatro frente a los siete de Alfonso Bataller, más seis en el equipo de gobierno. El PSPV seguirá con dos y a Compromís, CS en Moviment y Ciudadanos le corresponderán uno. Serán un total de 17 trabajadores eventuales,que también verán disminuidos sus honorarios, según las mismas fuentes.
Auditoría
El ayuntamiento realizará una auditoría. «Una cosa es la intervención, que dice si hay dinero en una partida, y otra una auditoría, que explica porque se contrató por 6.000 euros una revista que le ha costado al alcalde salir por la puerta de atrás», remarcó Nomdedéu.
