El problema de los desahucios ha logrado movilizar a los órganos judiciales de Castelló para buscar una solución que evite a las familias más desfavorecidas el drama de acabar en la calle por una ejecución hipotecaria. El presidente de la Audiencia Provincial, José Manuel Marco, y la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, se reunieron ayer en la Ciudad de la Justicia para avanzar en la elaboración del anunciado protocolo antidesahucios, un documento que surgió a iniciativa del Colegio de Procuradores de Castelló, con Carmen Rubio a la cabeza, y que respalda también el juez decano, José Luis Conde-Pumpido.

De esta manera, los actores jurídicos de la provincia encabezan, junto con el ayuntamiento, una iniciativa pionera en el ámbito autonómico. La Audiencia de Castelló se convierte en el primer tribunal de la Comunitat Valenciana que se implica en la lucha antidesahucios. Sólo el Decanato de Valencia había tomado ya alguna medida encaminada a facilitar información a los afectados, pero no se había articulado ningún protocolo concreto hasta ahora, según confirman desde el TSJCV.

El protocolo describe la «actuación ante situaciones de riesgo de exclusión social detectadas en el curso de procedimientos que comporten la pérdida de la vivienda habitual», según el título provisional del documento, y, como ya avanzó este diario, supondrá que los jueces y, sobre todo, los procuradores -que son los que asisten a los desahucios-informen desde el primer momento a los afectados sobre los servicios asistenciales que el Ayuntamiento de Castelló pone a su disposición „desde asesoramiento jurídico para renegociar la hipoteca hasta viviendas para el realojo.

«Queremos que Castelló sea una ciudad libre de desahucios», resumió la alcaldesa, quien espera poder activar el protocolo lo antes posible: «si podemos hacerlo el 1 de septiembre, mejor que el 15», aseguró. El ayuntamiento editará una hoja informativa explicando los recursos sociales con que cuenta para ayudar a los afectados, incluyendo el teléfono y la oficina donde se podrán dirigir. Por su parte, los agentes judiciales harán llegar la información a los afectados y pondrán en conocimiento del tribunal y del ayuntamiento los casos de riesgo de exclusión social.

Por otra parte, la alcaldesa ha pedido a la Conselleria de Vivienda que ceda al ayuntamiento 35 inmuebles para realojar a familias afectadas y prevé reahibilitar las cuatro viviendas municipales disponibles para el mismo fin. Además, según anunció, ha solicitado también a un banco la cesión de pisos al ayuntamiento para alquiler social. Una petición que trasladará a todas las entidades financieras, tanto las que trabajan con el consistorio como las que no, según apuntó.