El Gobierno central ha abierto un proceso de regularización catastral para aflorar bienes no declarados, después de que la Dirección General del Catastro de Castelló detectara alrededor de 3.000 incidencias en el término municipal de Vila-real en la última toma aérea de fotografías, realizada en 2011. El mismo proceso se ha abierto en Segorbe donde el número de irregularidades asciende a casi 900.
El alcalde de Vila-real, José Benlloch, informó ayer de la apertura del proceso, en el que se incluye también la revisión de los precios en suelo urbanizable y que obliga «por ley» al ayuntamiento a regularizar la situación antes del año 2016. La obligatoriedad de la actualización -que pretende aflorar construcciones no incluidas en la base de datos del Catastro, como piscinas, paelleros u otras edificaciones que supongan más del 10 % del valor del inmueble- viene dada por la reciente reforma de la Ley Hipotecaria y la Ley del Catastro Inmobiliario (13/2015) del pasado 24 de junio.
Evitar la actualización de oficio
Si bien las incidencias han sido detectadas en las fotografías de 2011, el Gobierno dio de plazo entre 2013 y 2016 para realizar la regularización, que debe ser solicitada previamente por los ayuntamientos o, en caso de cumplirse el plazo, sería realizada de oficio. «No obstante, al asumir el gobierno municipal hace cuatro años éramos conscientes de la herencia recibida y de todos los empastres del anterior equipo, por lo que optamos por moderar los impuestos y mantener o mejorar los servicios, porque nuestro compromiso era dejar de ahogar a los ciudadanos en un momento en el que lo estaban pasando realmente mal», explicó Benlloch. Por ello, «decidimos no pedir la revisión porque preferimos centrarnos en lograr la rebaja de los valores catastrales de la ciudad, que finalmente conseguimos, con una bajada del 15 al 20 %».
«Tras cumplir con esta prioridad, la reforma de la ley nos obliga ya definitivamente a que se ponga en marcha y se cumpla antes del 2016, por lo que hemos decidido adherirnos ya al proceso y evitar las consecuencias que podría tener que el Catastro lo realice de oficio cuando termine el plazo», argumenta.
Así, la ley obliga a regularizar los bienes no declarados que «han aparecido como setas en los últimos años, y de los que no teníamos constancia, como piscinas o paelleros, trasteros y otras pequeñas construcciones y ampliaciones en las viviendas, así como construcciones ilegales en suelo rústico», señaló Benlloch. En este punto, el alcalde advirtió que el nuevo Código Penal es «muy estricto con las construcciones ilegales en suelo rústico, que, si hasta ahora prescribían en cinco años ahora prescriben a los 15 años, con penas muy duras».
En todo caso, el primer edil avanzó que, «por la experiencia que han tenido otros municipios vecinos, muy probablemente las 3.000 incidencias detectadas se queden en muchas menos a la hora de regularizarse, ya que todavía falta que el Estado revise sobre el terreno caso por caso». «Además, a partir de septiembre Catastro remitirá una carta a los afectados y todo el mundo podrá alegar; nosotros desde el ayuntamiento somos meros colaboradores», adelantó Benlloch.
Dejar de pagar suelo urbano
La aplicación de la ley tiene otra parte positiva ya que una parte de la regularización obliga a revisar los precios del suelo urbanizable, de modo que aquellas zonas donde no se haya aprobado ningún plan ni programa urbanístico que estén pagando contribución urbana pasarían a pagar IBI de rústica. Además, también se actualizarán los valores del suelo urbanizable con programa aprobado.
«Ya estamos trabajando en estos temas para estudiar el impacto que tendrá sobre Vila-real, aunque no queremos generar expectativas: no hay mucha gente en la ciudad que esté en la circunstancia de estar pagando urbana en un suelo urbanizable sin programa aprobado», avanzó Benlloch, quien en cualquier caso puntualiza que «no lo aplica de forma directa el ayuntamiento, sino el Estado, con el que estamos obligados a colaborar por ley».
Asimismo, señala que la parte buena de la ley es que hace justicia, en el sentido de aplicar el principio de justicia tributaria y evitar situaciones en las que unos ciudadanos pagan por sus bienes, mientras otros no lo están haciendo».
El control a las construcciones ilegales y el incremento de recaudación municipal, que toma como base los valores catastrales -«si bien las administraciones que más recaudan por estos valores son la Generalitat y el Gobierno», puntualiza- son otros de los argumentos esgrimidos por el alcalde, quien avanza también la posibilidad que se abre con este proceso «desde el punto de vista de la definición territorial de Vila-real de una forma adecuada, regularizando en el nuevo PGOU aquellas zonas consolidadas pero que siguen siendo rústicos», concluyó.
