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El 30 % de los ocupantes de las viviendas sociales de Castelló eluden pagar el alquiler

57 viviendas de las 894 públicas de la provincia se encuentran vacías al estar pendientes de actuaciones de rehabilitación - La gerente de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat descarta desahucios en los 23 pisos que están ocupados de manera ilegal y opta por su regularización

El 30 % de los ocupantes de las viviendas sociales de Castelló eluden pagar el alquiler

La Generalitat quiere incrementar el parque inmobiliario público, pero ha recibido una complicado legado del anterior Gobierno. Cincuenta y siete viviendas sociales de la provincia de Castelló están sin ocupar al no encontrarse en condiciones óptimas, mientras la tasa de morosidad en los inmuebles sociales de la provincia ronda el 3o %, según fuentes de la Conselleria de Vivienda.

La intención del actual Consell es promover un plan de rehabilitación de las viviendas sin ocupar y regularizar la situación de los residentes ilegales. En el primer pleno de las nuevas Corts se aprobó paralizar los desahucios previstos en las citadas casas y se apostó por la legalización de las mismas. El ejecutivo de Alberto Fabra también frenó las expedientes de desalojo y optó por negociar con los inquilinos, ya que los trámites seguían en vigor.

Según datos aportados por la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), 54 casas de las 894 públicas de Castelló permanecen sin ocupante y pendientes de rehabilitación, tres estan calificadas de «desocupadas» y en otras 23 viven de manera irregular. Así, el propósito del EIGE, que engloba al antiguo Instituto Valenciano de la Vivienda, es regularizar estos inmuebles y llevar a cabo un plan de rehabilitación en los pisos vacíos en colaboración con los ayuntamientos, según la gerente de EIGE, Blanca Marín, en declaraciones a este diario.

La responsable autonómica lamenta que la Administración del PP dejó de lado el parque público, lo que les obliga a realizar «una importante inversión para recuperar las viviendas».

Fuentes de la Conselleria de Vivienda añadieron que el anterior gobierno «abandonó la gestión de las viviendas públicas; no gestionó cambios de titularidad, y no invirtió en la recuperación y reparación de las viviendas para que pudieran ser utilizadas por las familias más necesitadas». Asimismo, la gerente del EIGE reiteró que queda descartada la opción del desahucio en las casas en las que ahora residen personas de manera irregular y que se negociará con las mismas.

Cabe recordar que la antigua Conselleria de Infraestructuras remitió órdenes de desahucio al bloque de viviendas sociales del barrio San Lorenzo de Castelló, aunque luego reculó y suspendió las posible demoliciones. El Ejecutivo valenciano ha renegociado con los inquilinos un periodo de retorno del importe a deber. La deuda media en cada familia oscilaba el año pasado de los 3.500 a los 4.000 euros, con unos alquileres mensuales de 170 euros. Con las nuevas condiciones, algunas viviendas, agregaron, han visto reducido su recibo a los16 euros al mes al incluirse una bonificación por familia numerosa. El Consell también aceptó aumentar el plazo de cinco año del pago de la citada deuda.

El bipartito progresista también ha optado por este vía y una de sus primeras decisiones ha pasado por paralizar los trámites de desahucio.

Demolición en Almassora

El antiguo Gobierno valenciano dejó pendiente el derribo de 34 casas situadas en la avenida José Ortiz de Almassora, una petición que solicitó el exalcalde de la localidad, Vicente Casanova. En este caso, la gerente del EIGE puntualiza que han dejado en punto muerto esta medida y que primero quieren revisar este proyecto antes de tomar una decisión.

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