La Generalitat pretende evitar a toda costa que Castelló se convierta en el «aeropuerto barato» de Valencia y trabajará para que la llegada de pasajeros redunde en el desarrollo del turismo provincial.
La web de reservas de Ryanair reflejaba ayer que el vuelo inaugural de hoy está prácticamente lleno, al igual que el de regreso a Londres, que parte media hora después de aterrizar. La conexión con la capital inglesa operará durante todo el año tres días a la semana (un vuelo matinal en martes, jueves y sábado). Los aviones de Bristol (en el suroeste de Inglaterra) vuelan en miércoles y domingo, aunque esta conexión sólo opera en temporada de verano, que acaba a finales de octubre.
La empresa concesionaria del aeropuerto, SNC-Lavalin, confía en que el inicio de las operaciones regulares sirva de estímulo para la llegada de más compañías. En una reciente entrevista a este diario, el director de la instalación, Alain Russel, manifestó su rechazo a que Castelló se convierta en un aeropuerto exclusivo de Ryanair, por lo que hay negociaciones en curso con otras aerolíneas. Hasta el vuelo de hoy, sólo han operado los aviones chárter de los equipos de fútbol, principalmente el del Villarreal C.F., y vuelos privados. Desde la apertura en diciembre han pasado por la terminal alrededor de 1.500 pasajeros.
El nuevo presidente de la sociedad pública Aerocas (propietaria de la instalación) y secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, manifestó su temor a que Castelló acabe siendo una base auxiliar de la de Manises. «No puede acabar siendo el aeropuerto de Valencia norte, al que lleguen pasajeros atraídos por los precios bajos pero que no aporten nada al territorio. El aeropuerto de Castelló tiene que servir para espolear el turismo de la provincia», aseveró.
El aterrizaje de Ryanair se ha visto emborronado por la noticia de la investigación que ha abierto la Comisión Europea por los pagos de la Generalitat a la concesionaria. Bruselas también indaga si Ryanair va a recibir alguna ayuda pública, aunque el anterior Consell lo negó. El actual gobierno valenciano ha amenazado con denunciar ante la Fiscalía a los anteriores gestores si detectan indicios de ilegalidad en concesión, que obliga a la Generalitat a desembolsar a Lavalin 24,5 millones de euros en nueve años.
