La crisis ha modificado los ejes de actuación de las administraciones públicas hasta hacerlas casi irreconocibles. Se hunde la inversión, cae el gasto en servicios públicos y retroceden las partidas de atención a los grupos más desprotegidos mientras el pago de deuda bancaria se dispara ejercicio tras ejercicio. Es la consecuencia de las alegrías del pasado, por un lado, y de la doctrina de la austeridad, por otro. En medio de esas dos tensiones, los ciudadanos disfrutan cada vez de menos recursos públicos.
El caso más evidente lo ofrecen las entidades locales, las que se han consagrado con mayor rigor al objetivo de déficit cero. Los políticos se han centrado, se ha terminado con el derroche generalizado y las desviaciones presupuestarias son cada vez más pequeñas. Los ayuntamientos son quienes más y mejor están cumpliendo con los objetivos de estabilidad presupuestaria marcados desde Madrid. Muy pocos se desvían del principio del «déficit cero».
Como en los últimos tres años, los ayuntamientos valencianos volvieron a cerrar 2014 en «superávit». En el cómputo global de los 542 ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades, hubo 277,79 millones más de ingresos que de gastos: se ingresaron 5.670,01 millones (algo más que el ejercicio anterior) mientras que se gastaron 5.392,2 millones, según se desprende de los datos de liquidación presupuestaria de 2014 hechos públicos por el Ministerio de Hacienda. Va en línea con el comportamiento de los últimos años, concretamente, desde 2010.
Sin embargo, la nueva política de austeridad tiene costes, y eso se refleja en en el nuevo orden de las prioridades municipales, sobre todo por comparación con 2008, por ejemplo, último ejercicio antes de la crisis. Los empleados públicos han sufrido un recorte considerable en sus salarios, concretamente de 210 millones (cas el 11%), pero el hachazo más brutal se produce, precisamente, en las áreas de protección y promoción social. En 2008, los ayuntamientos valencianos destinaron a este apartado 643,9 millones euros. Seis años y cientos de miles de parados después, con grandes bolsa de población en riesgo de exclusión, la cantidad se ha reducido en 165 millones (el 26%).
Lo mismo ocurre con el capítulo de inversiones reales. Mientras en 2008 se encontraba por encima de los 1.050 millones (en 2010 llegó a 1.395 millones), en estos momentos, con la economía necesitada de aceleradores, el gasto en obra pública se ha reducido en más de la mitad, quedándose en 458,8 millones el pasado año. Igualmente, el gasto en servicios públicos básicos municipales se ha reducido en unos 400 millones desde 2010, pasando de 2.309 millones a 1.927, 19.
Frente a esto, el pago de la deuda se ha convertido en objetivo prioritario. Tanto que incluso la legislación actual obliga a destinar a deuda los «superávits» de cada año. En 2008, el gasto en amortizaciones e intereses de las entidades locales valencianas fue de 451,67 millones, una cifra que representaba el 7,5 % del total de los gastos. El pasado ejercicio la deuda fue la tercera partida (sólo por detrás de personal y servicios públicos), con un montante de 838,7 millones. Eso supone el 15,5% de los gastos, el doble que antes de la crisis. La deuda ha pasado de suponer la mitad de las inversiones a casi duplicarlas, lo mismo que ha ocurrido respecto a protección social.
Por poner un ejemplo, en Valencia el área de gasto «Deuda pública» ha pasado en estos años de 90,78 millones (2008) a 187,9 millones en 2014, con unos ingresos sensiblemente inferiores. Mientras tanto, la partida de protección social apenas ha crecido: de 57 a 67 millones. ¿De dónde ha salido el dinero, con un presupuesto 80 millones más escuálido? Del capítulo de inversiones. Valencia lleva años con un ayuntamiento casi inexistente como promotor económico. En 2013 se invertieron 35 millones; este pasado año, 54, menos de la mitad que en 2008 (110). Hoy en Valencia se invierte una cuarta parte de lo que se dedica a deuda.
