El juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de Vinaròs, que investiga supuestos delitos de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente y recursos naturales por supuestas irregularidades en la tramitación de la concesión de explotación del proyecto Castor, seguirá investigando la causa al considerar que es competente para hacerlo. De esta forma, rechaza las peticiones de la concesionaria de la explotación --Escal UGS S.L.-- y su presidente, Recadero del Potro, para que se inhiba.
Escal UGS y Recadero del Potro habían solicitado que la competencia para la instrucción recayera en los juzgados de Madrid, al considerar que los hipotéticos delitos se habrían cometido allí, petición a la que se adhirió la Abogacía del Estado, mientras que tanto el ministerio fiscal como el resto de las partes abogaron por mantener el conocimiento de la causa en Vinaròs, costa frente a la cual está situada la plataforma.
El juzgado de Vinaròs explica en un auto respecto al delito contra el medio ambiente que "parece claro" que la plataforma que producía las inyecciones de gas, y estas mismas inyecciones, se produjeron en el término ubicado en el partido judicial de Vinaròs, como describe la denuncia.
Al respecto, señala que el hecho de que los resultados se hayan dejado sentir en otros lugares --en alusión a movimientos sísmicos-- no excluye la competencia del juzgado de Vinaròs y tampoco se podría atribuir a Madrid, "donde no consta que se produjeran consecuencias de la actividad de inyección".
Así mismo, afirma respecto al presunto delito de prevaricación que la toma de decisiones se produjo en Madrid, así como la tramitación de los distintos procedimientos y las distintas resoluciones administrativas.
CONCLUSIÓN
El juzgado concluye que se investiga la supuesta comisión de una pluralidad de delitos conexos que habrían sido cometidos en distintos lugares y que, por ello, la regla de determinación de la competencia es la del artículo 18.1 de la LECRIM.
El órgano judicial señala que la investigación parte de la posible comisión de delitos contra el medio ambiente en la modalidad agravada del artígulo 326 del Código Penal por las características y magnitudes del riesgo ocasionado, según los datos que obran en la causa por el momento.
Al tener el artículo 326 establecida una pena más grave que la del delito de prevaricación, aplicando el criterio que da el citado artículo 18.1 de la LECRIM, procede mantener la atribución de competencia de los juzgados de Vinaròs.
El juzgado de Vinaròs (Castellón) abrió la causa por supuestas irregularidades en la tramitación de la concesión de explotación del proyecto Castor y imputó 18 personas por presunta prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente y los recursos naturales tras una denuncia interpuesta por la Fiscalía.
La denuncia de Fiscalía se dirigía, en concreto, contra los responsables del Instituto Geológico y Minero, del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Industria que intervinieron en la tramitación de la concesión de explotación de tal proyecto, así como contra la mercantil Escal UGS.
LA ACTIVIDAD CESÓ EN 2013
Las instalaciones de almacenamiento de Castor cesaron su actividad de forma temporal en septiembre de 2013 por orden del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, tras la actividad sísmica detectada en la zona, con el fin de solicitar información al Instituto Geográfico Nacional para conocer si los movimientos estaban relacionados con los trabajos realizados en la planta.
El Instituto Geográfico Nacional comenzó a detectar actividad sísmica el 5 de septiembre de 2013 e inició un seguimiento especial debido al incremento diario de la actividad. Inicialmente, la localización de los epicentros se situó en torno a la plataforma instalada para ejecutar el citado proyecto y en su informe concluyó que existía una "relación directa" entre la actividad de la planta Castor y los movimientos.
Escal UGS, concesionaria de la explotación para el almacenamiento subterráneo de gas natural Castor, realizaba trabajos que en el momento en el que se detectaron movimientos se centraban en la inyección del gas colchón, que se usa para probar el correcto funcionamiento de la instalación.
La Fiscalía de Castellón acordó en octubre de 2013 incoar diligencias de investigación penal con el objeto de esclarecer las causas de los movimientos sísmicos que se estaban produciendo en la zona norte de la costa de la provincia en el entorno del almacén subterráneo de gas natural Castor. Tras las investigaciones realizadas, Fiscalía de Castellón decidió denunciar a los responsables que tramitaron el proyecto Castor por presunta prevaricación medioambiental.
