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La diputación no contempla traspasar el Hospital Provincial a la Generalitat

Barrachina se congratula del informe favorable de la Sindicatura de Comptes sobre la entidad provincial

El vicepresidente económico de la diputación, Miguel Barrachina, manifestó ayer que la institución no contempla un traspaso del Hospital Provincial de Castelló a la Generalitat ni una revisión del actual modelo de consorcio.

Barrachina aludió así al informe de la Sindicatura de Comptes, que alerta del impacto que supondría para la contabilidad de la diputación que el centro hospitalario pase a depender exclusivamente de la Conselleria de Sanidad, ya que dejaría de percibir 18 millones del Estado. El vicepresidente explicó que la Sindicatura menciona este aspecto a modo de «cautela». Recordó que el Consell ha dictado una moratoria para que las entidades locales no le transfieran de momento más competencias.

Pese a que la sanidad corresponde a las autonomías, el Hospital Provincial de Castelló se rige por un consorcio que integran la Generalitat y la diputación. La primera aporta la mayor parte de los fondos, mientras que la diputación contribuye con una cantidad fija que le transfiere todos los años el Estado. La institución provincial siempre se ha mostrado contraria a perder el vínculo con el centro hospitalario.

Como informó este diario, el informe de la Sindicatura -del que sale bien parada la diputación- pone como reparo la necesidad de agrupar los contratos menores de algunas áreas para evitar las adjudicaciones «a dedo», las contrataciones sin publicidad. Al respecto Barrachina alegó que son una minoría, ya que más del 80 % se realizan por concurso.

Los resultados del informe, destacó el vicepresidente primero, «son los mejores de todas las diputaciones y grandes ciudades, por lo que estamos enormemente satisfechos». Indicó que de las 21 recomendaciones que se hacía a la diputación en un informe anterior, «la mayoría están cumplidas en su totalidad y el resto están en tramitación». Según señaló, la Sindicatura constata una disminución del periodo medio de pago de la diputación de 22 a 7 días, así como que no ha habido morosidad financiera y que se cumple con el compromiso de la deuda.

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