El directivo del Instituto Geológico y Minero Roberto Rodríguez Fernández, que participó en la elaboración del informe para la aprobación del proyecto Castor, ha afirmado hoy ante la juez que no consideraron que existiera riesgo sísmico y ha reconocido que ni él ni sus compañeros eran expertos en inyección.
Así lo ha explicado a EFE el abogado de la acusación popular ejercida por la Asociación Nacional Arca Ibérica, Jorge Casal, tras la comparecencia de Rodríguez Fernández en el Juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs, que investiga supuestas irregularidades en la tramitación del proyecto Castor.
Rodríguez ha comparecido en relación con su responsabilidad como director del Departamento de Geología y Geofísica del IGM y por haber participado en la elaboración del informe de 2007 solicitado por la Dirección General de Política Energética y de Minas del Ministerio de Industria.
Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el imputado ha respondido a las preguntas de las acusaciones y de su abogado, mientras que el resto de las defensas no ha hecho preguntas.
Este imputado, según el letrado de Arca Ibérica, ha dicho que en la elaboración del informe se ciñeron a lo requerido por el Ministerio.
La documentación de la que disponían, ha explicado en su declaración, era la de los mapas sísmicos de la zona que catalogaba el entorno como de "muy bajo riesgo sísmico".
La falla que hasta entonces estaba cartografiada era la de Amposta, que no era "potencialmente activa".
Por ello, según el letrado, el imputado ha dicho ante la juez que ni él ni sus compañeros del IGM que elaboraron el informe consideraron que existiera riesgo ni valoraron que debieran hacer ningún otro estudio.
En cuanto a los riesgos de la inyección de gas, el imputado ha dicho que ellos "no son expertos y no lo podían evaluar", aunque sí conocían que la inyección de gas provocaba microseísmos que no entrañan riesgos para las personas y el medio ambiente.
Por ello, los seísmos que se produjeron en septiembre y octubre de 2013 frente a la costa de Vinaròs, a juicio del imputado, fueron consecuencia de inyectar en gas en una placa hasta ahora desconocida, denominada ahora falla Castor.
Sobre el informe del Observatorio del Ebro de 2005 que alertaba del riesgo alto de sismicidad en la zona, el imputado ha manifestado que el mismo "no tenía rigor científico suficiente".
La fase de instrucción de la causa continuará el próximo 2 de noviembre a las 9.30 horas con la declaración como imputado de José Pedro Calvo Sorando, quien fue director general del IGM.
El 3 de noviembre a las 9.30 horas declarará como imputado Jorge Sanz Oliva en su condición de director general de Política Energética.
Manuel Escamilla Yuste -citado el día 9 de noviembre- y Miguel Aymerich Huyghues -citado un día más tarde- comparecerán como imputados por su relación con la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental.
En la causa están imputadas dieciocho personas, entre ellas responsables del IGM, ex altos cargos del Ministerio de Industria y Medio Ambiente y miembros del consejo de administración de Escal UGS, entre ellos su presidente, Recaredo del Potro.
La Fiscalía apreció indicios delitos de prevaricación medioambiental y contra el Medio Ambiente y los recursos naturales.
La Fiscalía es una de las partes personadas, junto a dos acusaciones populares -Arca Ibérica y Responsabilidad y Transparencia-, una acusación particular, la Abogacía del Estado en representación de los funcionarios imputados y dos abogados de Escal -uno para Recadero del Potro y otro para el resto de trabajadores de la empresa-. E
