La juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Castelló ha emitido un auto aclarando que los ediles integrantes del anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento de Benicàssim, del Partido Popular, está imputado por un presunto delito de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos por la forma en que se disolvió la sociedad mixta de Desarrollo Turístico de Benicàssim (DTB).
El denunciante, el exedil de Compromís, Domingo Ferrando, informó ayer que había recibido esta notificación en la que se aclara la situación actual «ya que, a instancias del fiscal, la juez ha aclarado la situación». El motivo de confusión se encontraba en los últimos autos donde sólo aparecía como presunto delito imputado a los concejales el de prevaricación administrativa, algo a lo que podría acogerse la parte denunciante porque, en el caso de confirmar que cometieron un único delito, la pena sería muy diferente.
En el auto, con fecha de la semana pasada, la jueza aclara que «resulta evidente que en la misma se incurrió en error material mecanográfico por omisión en los Hechos, por lo que la querella interpuesta es por un supuesto delito de prevaricación administrativa y de un delito de malversación de caudales públicos».
La jueza también explica en el auto que este «error mecanográfico» no perjudica en nada al proceso de la investigación ya que sobre estos hechos declararon los nueve miembros del equipo de gobierno ante Fiscalía y ante el juzgado instructor y sobre esos dos delitos «ha girado toda la instrucción sin que se pueda decir que se les ha causado indefensión por la omisión por error mecanográfico en el auto de admisión a trámite de la querella formulada por el Ministerio fiscal por tales delitos».
Tras el rechazo el pasado mes de febrero del archivo de la causa y con la aclaración de la querella interpuesta, continúa abierta la posibilidad de que se abra juicio oral contra todos los imputados, cuatro de ellos actuales miembros del equipo de gobierno de Benicàssim.
La sociedad mixta, de la que el ayuntamiento poseía el 60 % y la Asociación de Empresarios Turísticos de Benicàssim (AETB) el 40 % restante, acumulaba una deuda de 130.000 euros y, para sanearla, los presupuestos municipales del año 2012 contemplaron una partida de esa cantidad destinada a hacer efectivo los pagos pendientes y con ello el consistorio adquirió el total de las acciones y liquidó la sociedad. Esa aprobación con los votos a favor de todo el equipo de gobierno y con los informes desfavorables de Intervención fue el motivo por el que el concejal de Compromís, Domingo Ferrando, denunció a Fiscalía los hechos.
