Los castellonenses pagarán un 10 % más del Impuesto de Bienes Inmuebles en 2016 tras negarse en el pleno del jueves Castelló en Moviment y el PP a secundar la rebaja del tipo impositivo que proponía el gobierno local. El socio preferente del ejecutivo se opuso por excluir la progresividad, mientras el PP lo hizo por cuestiones de venganza política -en 2015 promovió la misma medida que planteaban los munícipes progresistas-.
El vicealcalde, Enric Nomdedéu, confirmó ayer que no hay margen para presentar una nueva ordenanza fiscal y lamentó que la cuota de la contribución aumentará por la revisión del catastro de 2012, que actualiza los valores catastrales un 10 % al año hasta 2022. El ejecutivo planteó disminuir el coeficiente del IBI para evitar una subida de este tributo en 2016. La única noticia positiva para los contribuyentes será que las viviendas con un catastro superior al medio (72.000 euros) ya no tendrán el recargo de un 4 % que el Gobierno aplicó en los últimos tres años. Por su parte, las arcas municipales dispondrán de los 1,2 millones de euros que se pensaban ingresar con la fracasada revisión del IBI, aunque Nomdedéu insistió en que preferían aligerar el bolsillo de los ciudadanos.
El desencuentro en el pleno puso en evidencia una falta de comunicación entre el equipo de gobierno y su aliado de CS en Moviment. El gobierno insiste en que las medidas propuestas eran un primer paso de la reforma fiscal incluida en el pacto de gobierno y que no tenía más tiempo para presentar un proyecto más ambicioso. Su idea pasa por negociar el próximo año las iniciativas progresivas y sociales que demanda CS en Moviment. «Lo que sucedió en el pleno no nos gusta, el gobierno había presentado una reforma de corto abasto condicionado por la temporalidad, la situación económica y el programa de gobierno de las tres formaciones, pero no hemos sido capaces de consensuarlo», admitió Nomdedéu.
Tras la tormenta, los partidos de izquierdas intentaron recuperar ayer la calma y mantuvieron una reunión a fin de limar asperezas. El gobierno, formado por PSPV y Compromís, y CS en Moviment quieren seguir trabajando conjuntamente y descartan una ruptura. Ayer se prestaron a mejorar la comunicación diaria y acordaron reunirse la semana que viene para negociar el presupuesto de 2016. El ejecutivo pretende llevar al pleno las cuentas con el acuerdo de su socio en la barrera para evitar una derrota como la del jueves. El objetivo, remarcó el vicealcalde, es confirmarlo en noviembre para que entre en vigor el 1 de enero. Asimismo, ambas partes se avinieron a negociar nuevas medidas fiscales a lo largo de 2016 (se aplicarían en 2017), tal como planteó el edil de Hacienda, Antonio Lorenzo.
Con el IBI, según Nomdedéu, el gobierno está de acuerdo en cobrar cuotas progresivas y por zonas. En este último punto señaló que no se podía modificar ahora el IBI según barrios como en Valencia porque Castelló se mide en una única unidad. No obstante, advirtió que se tendría que valorar de manera sosegada esta medida ya que muchos barrios de la ciudad son interclasistas y no se pueden dividir por rentas.
Sobre el presupuesto, la prioridad de las tres fuerzas será la agenda social y parece que en este caso habrá consenso.
El edil de CS en Moviment, Iñaki Vallejo, reiteró que votaron en contra del nuevo IBI por no ser progresivo y apuntó que la recaudación de más se podrá destinar a políticas sociales. Dicho esto, dio por «finalizado el pulso con el gobierno» y aceptó dialogar por el presupuesto. Además, criticó al PP. «Sus propuestas de maquillajes engañosos y trapicheos son todavía peores y buscan dejarlo todo igual», abundó.
