El juez de Vinaròs que instruye la macro causa de la planta Castor de Vinaròs ha completado la primera fase de declaraciones y ha citado para este mes a otros diez imputados de los Ministerios de Industria y Medio Ambiente y de la concesionaria de Escal UGS. Quedan pendientes dos integrantes del consejo vinculados a socio minoritario de la empresa (la firma canadiense Dundee Energy) al no haberse localizado su domicilio.
El juzgado de instrucción número 4 de Vinaròs mantiene imputados a 17 personas por presuntos delitos por prevaricación ambiental y contra el medio ambiente en la tramitación de la planta de Castor por eludir el análisis del riesgo sísmico.
Por ahora han declarado los cuatro responsables del Instituto Geológico y Minero Español que validaron Castor, así como el ex director general de Política Energética que solicitó este dictamen y que no vio oportuno pedir un informe adicional sobre la sismicidad. En sus respuestas señalaron que durante el proceso administrativo creyeron que Vinaròs era una zona baja en terremotos. Admitieron que infravaloraron la advertencia del Observatorio del Ebro al no ser «destacable».
En la segunda fase desfilarán por los tribunales de Vinaròs ex altos cargos de Medio Ambiente e Industria que aprobaron la declaración de impacto ambiental y la autorización administrativa. El 10 de noviembre lo hará Manuel Escanilla y Miguel Aymerich, responsables del Ministerio de Medio Ambiente que participaron en la redacción de la declaración ambiental (DIA). El 19 de noviembre será el turno de la directora general de Calidad Ambiental y Evaluación Ambiental, María Jesús Rodríguez, máxima responsable de la DIA. El 19 también comparecerá el ex director general de Política Energética del Ministerio de Industria, Antonio Hernández, que ratificó el permiso de construcción. El 23 de noviembre acudirá el presidente del consejo de administración de Escal, Recadero del Potro, y el 24 y 26 le sucederán los miembros del consejo de Escal vinculados a ACS, el «holding» de Florentino Pérez que acaparó el 66 % de la concesión.
