La justicia ha dado la razón al Ayuntamiento de Vila-real en su decisión, aprobada en septiembre de 2012, de suspender las obras de la Ciudad Deportiva programada por el PP en el área de Miralcamp. Se trata de un proyecto aprobado por el último ejecutivo del PP que preveía la construcción de la infraestructura deportiva junto a los terrenos del nuevo cementerio municipal.
La sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Castelló, con fecha de 4 de noviembre, llega tres años después de que la empresa adjudicataria de estas obras, Actia Iniciativas, presentara una demanda contra la resolución de alcaldía que paralizaba el proyecto argumentando que existían una serie de «razones de interés público» que hacían aconsejable parar los trabajos.
Entre estos motivos, la sentencia recoge la «necesidad de modificar el plan general» para acometer el conjunto del proyecto, la «existencia de un auto de suspensión» del pliego de condiciones por un recurso presentado por el Colegio de Arquitectos de Valencia, la delicada situación de las arcas municipales, la existencia de una línea de alta tensión que pasaba por encima de los terrenos previstos o la «inconveniencia de la colindancia de una dotación deportiva con la funeraria».
El alcalde de Vila-real, José Benlloch, se mostró «muy contento» con la decisión de la justicia que, a su entender ,evidencia no solo que había «motivos suficientes de interés ciudadano que hacían necesaria la paralización» sino también que, «en su momento se actuó con sentido común, pues haber seguido con el proyecto habría supuesto muchos problemas, tanto económicos como de otra índole, en el futuro».
En el apartado económico, el ayuntamiento evita tener que abonar los 340.000 euros que Actia pedía en compensación por la paralización de las obras, a los que habría que añadir los 128.00 que ya pagó el consistorio en concepto de beneficio industrial, tal y como establece la ley que regula la rescisión de contratos entre administraciones públicas y empresas privadas.
Respecto a las otras preocupaciones del equipo de gobierno a la hora de poner freno a la dotación, Benlloch criticó que sus antecesores no tuvieran en cuenta, a la hora de planificar la infraestructura, que una línea de alta tensión pasara por encima de los terrenos donde «los jóvenes de Vila-real jugarían a fútbol», así como la «incongruencia» que supone el hecho de que «pared con pared se tuviera pensado construir el nuevo cementerio».
Asimismo, indicó que la sentencia también pone sobre la mesa que la construcción de este equipamiento se inició «en un solar que no era de propiedad municipal, y por lo tanto donde era ilegal construir», lo que en su opinión muestra «claramente la mala praxis con la que el PP gobernó Vila-real durante años».
Pero si algo criticó con dureza Benlloch fue el hecho de que, a lo largo de todo el proceso judicial, el PP local, con Héctor Folgado a la cabeza, «se haya puesto al lado de la empresa y contra los intereses de la ciudadanía». Durante la anterior legislatura, Folgado acusó en varias ocasiones al primer edil de que su «capricho» de rescindir el contrato podía costar hasta 800.000 euros al municipio.
Para el primer edil, se trata de «la primera sentencia que evalúa una decisión de calado político desde el cambio político en Vila-real, y nos congratula que sea para darnos la razón, porque siempre procuramos poner los intereses de los ciudadanos por delante de cualquier otra cuestión».
