El consejero delegado de Escal UGS, José Luis Martínez Dalmau, ha declarado hoy como imputado en el Juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs por el caso Castor y ha negado la vinculación entre la inyección de gas y los más de 300 seísmos que se produjeron en la zona en septiembre de 2013.
Según han informado fuentes de la acusación popular, con esta argumentación, Martínez Dalmau ha coincidido con lo manifestado ayer por el presidente de Escal UGS, Recaredo del Potro, que también declaró ayer como imputado en esta misma causa.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana han informado de que Martínez Dalmau ha contestado a las preguntas de las acusaciones y de su defensa, mientras que el resto de defensas no han formulado preguntas.
El Juzgado de Instrucción número 4 investiga supuestas irregularidades en la aprobación del proyecto Castor, de construcción de un depósito de gas natural frente a la costas de Castellón y Tarragona, a la altura de Vinaròs.
Según han informado a EFE fuentes de la Asociación Nacional Arca Ibérica, que actúa como acusación popular en la causa, José Luis Martínez Dalmau ha mantenido la misma línea argumental en sus respuestas que Recaredo del Potro.
Además de negar la vinculación entre la actividad de la planta y los seísmos, Martínez Dalmau ha puesto en entredicho el informe elaborado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) tras los seísmos, en el que se afirmaba que existía una relación causa-efecto entre la inyección de gas y la actividad sísmica.
En su declaración ante el juez, el imputado ha asegurado que el estudio del IGME estaba "plagado de errores e inexactitudes" y que la metodología empleada por los técnicos redactores del mismo carecía de "toda base científica", por lo que, según han indicado fuentes de la acusación, ha asegurado que las conclusiones del mismo "son erróneas", .
Ha explicado también que Escal UGS encargó a organismos internacionales la realización de estudios para el análisis y el procesamiento de los datos facilitados por el IGME sobre la serie sísmica y que estos "evidencian el error de cálculo en el que incurre el instituto en su informe".
En otro momento de su declaración ha manifestado que en septiembre de 2013, cuando se produjeron más de 300 seísmos, la empresa procedió a reducir el caudal de inyección de gas pero "no como consecuencia de estos eventos ni por las advertencias del Observatorio del Ebro, sino porque la reducción estaba programada de antemano".
El próximo jueves 26 declararán Óscar Manuel Yunta Toledo, Ramón Jiménez Serrano, Juan Cristóbal González Wiedmaier y José Alfonso Nebrera García, todos ellos miembros del Consejo de Administración de Escal UGS.
