El plan de estabilidad del Ayuntamiento de Castelló plantea una congelación del Impuesto de Bienes Inmuebles y de las tasas municipales de 2016 a 2018. No obstante, el voto negativo del pleno a la propuesta fiscal del equipo de gobierno aplaza a 2017 los cambios en el IBI, que el próximo año subirá cerca de un 10 % por la revisión catastral.
El presupuesto de 2016 incluye un plan a medio plazo a instancias de la ley de austeridad presupuestaria del Gobierno central de 2012. Ha sido elaborado por los servicios técnicos y su objetivo, según señala, es garantizar «una programación presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad y de deuda pública». Así, en impuestos directos e indirectos contempla unos ingresos sin apenas variaciones de 2016 a 2018. Cabe destacar que el IBI, que supone el 88 % de los ingresos tributarios, también se mantiene sin prácticamente modificaciones en tres años, al igual que las tasas, el Impuesto de Actividades Económicas, el IBI rústico y el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
El plan a medio plazo es una estimación y el bipartito ha anunciado que quiere ir más allá y afirma que su intención es rebajar la carga fiscal en estos cuatro años de mandato. Asegura que en 2016 abrirá una ronda de negociaciones con el resto de partidos para aplicar una tributación progresiva y reducir impuestos en las familias vulnerables. Para 2016 inicialmente propuso una primera fase con un ajuste del coeficiente del IBI -contrarrestaba la actualización del catastro- y un descenso de un 50 % de la tasa de terrazas. El PP y Castelló en Moviment tumbaron la medida del IBI por considerarla insuficiente, con lo que volverá a subir en 2016. El resto de tasas permanecerán con los importes de 2015.
Asimismo, el gobierno local está condicionado por el plan de ajuste 2012-2022. El ayuntamiento aprobó esta iniciativa en la pasada legislatura para poder ser auxiliado por el Ministerio de Hacienda, que a cambio exigió duros recortes en el gasto. En este sentido, el equipo de gobierno está limitado en su acción y ha de dedicar una parte del presupuesto a amortizar deuda.
En este contexto, el ejecutivo local ha mejorado el gasto en emergencia social y en el Pacto Local por el Empleo, ha incrementado el gasto en servicios públicos y ha contemplado la creación de once nuevas plazas de funcionarios. Por contra, ha reducido las inversiones y el pago de la deuda. Cabe tener en cuenta que ha tenido más margen del previsto al mantenerse en 2016 el mismo tipo del IBI, lo que ha posibilitado, según el proyecto de presupuestos, unos ingresos extraordinarios de 2,8 millones. Esta cifra coincide con el aumento del gasto, que se ha dirigido a los 11 puestos de personal, servicios públicos y pacto del empleo. El presupuesto municipal consolidado asciende a los 160,6 millones de euros.
La deuda a la largo plazo se sitúa en los 82 millones de euros y se contemplan disminuirla hasta los 70 millones al cierre del siguiente ejercicio.
