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La Policía Nacional refuerza la seguridad en el Serrallo por la alerta antiyihadista

Realiza una labor de vigilancia continuada en movimiento en el entorno del polígono industrial de Castelló

La amenaza terrorista de origen yihadista ha llevado al Gobierno a incrementar la seguridad en instalaciones estratégicas del país como el polígono industrial del Serrallo de Castelló.

España se encuentra en nivel 4 de alerta antiterrorista tras los atentados de París. Supone más presencia policial y una mayor vigilancia en lugares como estaciones, aeropuertos, espectáculos con gran afluencia de público, centrales nucleares, eléctricas, químicas o plantas de distribución de agua. En Castelló, uno de sus emplazamientos se encuentra en el complejo petroquímico del Serrallo. Fuentes de la Subdelegación del Gobierno explicaron que se ha reforzado la seguridad y señalaron que la Policía Nacional lleva a cabo vigilancia «dinámica o en movimiento», es decir, varias patrullas realizan una inspección continuada en el entorno del Serrallo dentro de un dispositivo de prevención.

Por su parte, las empresas del polígono del Serrallo ha extremado con la vigilancia privada que disponen los controles de seguridad en los accesos a las mismas

Por su parte, la Presidencia del Gobierno ha modificado el real decreto sobre protección física de las centrales nucleares, calificadas como infraestructuras «críticas», que a partir de ahora deberán contar con una «unidad de respuesta» permanente formada por agentes de la Guardia Civil.

La composición y número de agentes asignados a esta unidad en la Central Nuclear de Cofrentes dependerá del contenido de la «amenaza base de diseño» que deben elaboran conjuntamente los responsables de la central, el Consejo de Seguridad Nuclear y el Ministerio del Interior.

Según el real decreto aprobado por el Gobierno, el ministerio del Interior tiene ahora un plazo máximo de cuatro años para el despliegue y la implantación de las Unidades de Respuesta en todas las centrales nucleares españolas y en el Almacén Temporal Centralizado de Residuos Nucleares (ATC) que se plena instalar en de Villar de Cañas (Cuenca).

La amenaza base de diseño que debe fijar las características del grupo de agentes asignados a cada instalación nuclear, se define, según el real decreto que regula la seguridad de las centrales nucleares, como «los atributos y características de posibles adversarios internos, adversarios externos o de ambos en colusión, que podrían intentar la retirada no autorizada de material nuclear o de fuentes radioactivas o actos de sabotaje, que se toman como base para diseñar y evaluar los sistemas de protección física».

Las compañías eléctricas venían reclamando la intervención del Gobierno, tanto por el cariz de algunas amenazas desde el atentado del 11-S en Nueva York como por episodios como el asalto del grupo ecologista Greenpeace a Cofrentes el 15 de febrero de 2011, donde el comportamiento de los agentes acreditó la falta de criterios claros para hacer frente a este tipo de acciones.

De todas formas, la presencia permanente de la Guardia Civil en el interior de la central nuclear de Cofrentes no exime a la empresa de mantener un equipo de seguridad privada que deberá coordinarse con los agentes de las fuerzas de seguridad del Estado.

Iberdrola, como titular de la central, tendrá también que asumir el coste de la Unidad de Respuesta. Una tasa regula este nuevo servicio con importes que pueden llegar a unos 61.000 euros por agente. El real decreto que revisa la seguridad de las centrales nucleares incluye también las recomendaciones de la Organización Internacional de la Salud sobre el refuerzo en materia de ciberseguridad, información y telecomunicaciones.

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