La denuncia judicial es la última vía que baraja la inmobiliaria contra las cinco familias sin recursos que desde el 28 de diciembre ocupan un edificio de su propiedad en la calle Gran Vía Tárrega Monteblanco de Castelló.
La empresa elude realizar declaraciones sobre las peticiones de la plataforma antidesahucios de Castelló, que reclama un alquiler social, pero asegura que su objetivo es que este asunto se resuelva sin llegar a los juzgados. Confía en que el consistorio encuentre una opción habitacional a las familias para que se marchen por su propio pie sin necesidad de acudir a los juzgados. No concreta si recurrirá a los tribunales en el caso de que las familias insistan en permanecer en el inmueble. El propietario parece que descarta negociar una alquiler social con la PAH, que había anunciado una reunión el pasado jueves y no acudió un representante de la inmobiliaria, y que deja en manos del gobierno local una alternativa para las familias ocupantes.
Una cincuentena de personas convocadas por la PAH se concentraron el viernes ante el edificio de la calle Gran Vía para exigir una solución habitacional urgente. La PAH advirtió que un total de 14 familias, incluyendo las cinco del inmueble de Gran Vía, serán desahuciadas de enero a mayo. La asociación lamenta que se ha cortado el suministro de luz y agua en Gran Vía.
El ayuntamiento ofrece su colaboración pero rechaza la «ocupación ilegal» y advierte que puede generar «un peligroso precedente».
