Almassora se unirá en breve a la lista de municipios solicitantes de las ayudas del plan contra la pobreza energética y la pérdida de la vivienda que gestiona la Consellería de Vivienda. Deberá hacerlo en el plazo de dos meses y medio después de que la publicación del plan llegase el pasado 31 de diciembre y se establecieran tres meses para sus solicitud. Se espera que a partir de julio, el Consell anuncie la adjudicación de las ayudas y el consistorio cuente con una herramienta más para luchar contra la exclusión social a nivel de vivienda y suministros básicos de luz, agua o gas.

El objetivo del plan activado este año por la Generalitat es devolver a los ayuntamientos y concejalías de bienestar social o servicios sociales parte de las ayudas que se hayan destinado a «abonar los fondos para hacer frente a un alquiler», en el caso de aquellas «personas que hayan sido desahuciadas por ejecución hipotecaria y no dispongan de recursos económicos» para hacer frente a los pagos.

En el detalle del presupuesto que el pasado mes de noviembre aprobó el pleno municipal de cara a 2016 se puedo comprobar que se la concejalía de Bienestar Social dispone de hasta 250.000 euros destinados a cubrir los casos de urgencia por desahucio o impago de la facturación. Así, la cantidad a la que opta el consistorio para recuperar dependerá tanto de la cantidad de solicitantes a nivel autonómico como del gasto que Almassora tenga a la hora de auxiliar a personas con riesgo de exclusión social por motivos de vivienda.

La adhesión al plan autonómico se suma a algunas medidas tomadas por el equipo de gobierno de Almassora, como las recientes firmas entre el consistorio y las empresas de suministro energético para garantizar los derechos a nivel de vivienda de sus vecinos. Así, tanto Facsa, como Iberdrola ya han firmado con la alcaldesa de Almassora esos compromisos, y en las próximas semanas se espera poder materializar el acuerdo con Gas Natural.

El plazo máximo para que Almassora pueda recuperar la inversión realizada en ayudar a evitar situaciones de exclusión de tipo habitacional es de seis meses, como fija también la misma Orden 3/2015 de la Generalitat Valenciana.