El simple hecho de tener una familia numerosa no dará derecho a ventajas fiscales. El gobierno municipal de Castelló prepara una reforma que, entre otras cosas, vinculará las ayudas a las familias numerosas a los ingresos, modificando el actual sistema tributario, que premia a este colectivo sin tener en cuenta la renta.

La reforma en ciernes pretende poner fin a las bonificaciones «ideológicas» heredadas de la etapa del PP, que benefició a las familias numerosas con descuentos de hasta el 50 % en algunos tramos de los impuestos más importantes, según desveló ayer el vicealcalde de la ciudad, Enric Nomdedéu. Unas bonificaciones, con un trasfondo ideológico e incluso religioso, que el PP ha implantado allí donde gobierna.

Nomdedéu anunció que estas ventajas se van a modificar para que la ayuda llegue a quien lo necesita. Por lo tanto, si una familia numerosa tiene ingresos suficientes, perderá las bonificaciones. Las de menos renta, las mantendrán. A grandes rasgos, explicó el vicealcalde,«se dividirán los ingresos brutos anuales de la familia entre el número de integrantes» y el cociente determinará si tiene derecho o no a rebajas fiscales.

Enric Nomdedéu señaló que el ejecutivo municipal (que conforman PSPV y Compromís) ha mantenido reuniones previas con su socio externo, Castelló en Moviment, para abordar la reforma fiscal, cuyo hilo conductor será la progresividad para que pague quien más tiene.

Cambiar el actual sistema tributario municipal forma parte del acuerdo programático que firmaron las tres formaciones que sustentan el gobierno. Hace unos meses, se convirtió en motivo de fractura entre el ejecutivo y Castelló en Moviment, que rechazó la propuesta e imposibilitó que saliera adelante.

La formación asamblearia vetó por insuficiente la reforma planteada por el gobierno de Amparo Marco, que proponía rebajar el tipo del IBI para compensar la subida del valor catastral. Al no prosperar, los castellonenses pagarán este año un diez por ciento más de IBI. Castelló en Moviment plantea una profunda revisión del IBI que incluye la división de la ciudad en zonas, una propuesta que tiene el problema de la casuística, ya que tener una casa en un determinado barrio no siempre es un indicador de renta.