La Vall d'Uixó ha empezado a dar los primeros pasos para lograr que las 143 familias que en la actualidad han solicitado la ayuda de la administración para encontrar un lugar en el que vivir, puedan acceder a alguna de las viviendas públicas existentes en la ciudad y que gestiona la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) o puedan conseguir alquileres sociales en viviendas que en la actualidad están vacías y son propiedad de los bancos, que se calculan en prácticamente 400 solo en la Vall d'Uixó.
La concejala de Vivienda, Carmen García (EU), participó en los primeros encuentros que se mantuvieron entre un técnico de la EIGE y familias que residen en algunas de sus viviendas. Cabe destacar que este organismo gestiona un total de 256 pisos en la Vall d'Uixó, 68 de los cuales se encuentran en régimen de alquiler. La intención de estos encuentros, como ya manifestó García la semana pasada, durante la presentación de este proyecto, es intentar dar respuesta a los problemas que se han detectado en relación a la convivencia en estos núcleos de viviendas sociales, como sería el caso del «deterioro de los espacios comunes o de los ascensores, las deudas contraídas por los propietarios tanto con la EIGE, como con la comunidad de propietarios o la escasa organización y cultura de la convivencia de las comunidades».
Dinamizador social
Desde el ayuntamiento se ha puesto a disposición de las familias el asesoramiento y la mediación de un dinamizador social, al que podrán acudir en el Centre d'Esplai de La Moleta. El técnico de la EIGE, según explicó Carmen García, informó a los asistentes, «familias muy vulnerables, económicamente hablando», sobre cuáles son las bonificaciones a las que pueden acogerse, dado que en algunos casos se puede alcanzar el 90% de la renta del alquiler. La edila participó en este primer encuentro que pretende repetirse de manera periódica y en pequeños grupos.
Pero además, desde el consistorio se han iniciado negociaciones con el organismo público responsable de la gestión de estos pisos, porque, como denunció la edila «existe vivienda pública vacía por no estar en condiciones para ser habitada, o que no tienen contrato de alquiler porque se realizaron adjudicaciones hechas a dedo en el despacho del alcalde». Incluso, según aseguró García, «hemos tenido conocimiento de deudas del ayuntamiento con las comunidades de propietarios».
Ante este panorama, el equipo de gobierno pretende seguir apostando por «un plan de inversión y mantenimiento de vivienda pública». Carmen García anunció que está previsto que en breve se adjudiquen «7 viviendas que han sido rehabilitadas, para que cumplan la labor social que les corresponde, que vivan familias». Y se seguirán manteniendo negociaciones con las entidades bancarias, propietarias del mayor stock de vivienda vacía, prácticamente 400 en la ciudad. La responsable del área señaló que hasta el momento han llegado a buen puerto las conversaciones mantenidas con Bankia, que «ha puesto 3 viviendas en alquiler social a disposición de familias que fueron desahuciadas por esta entidad».
