Los castellonenses que se beneficiaban de la subsidiación de préstamos hipotecarios de viviendas públicas o usadas han tenido que asumir el pago íntegro de los préstamos desde que en junio de 2013 el Gobierno anuló la prórroga de estas ayudas. Se estima que en la provincia hay unas 1.500 personas en esta situación (300.000 en toda España), por lo que el montante global, aunque es difícil de cuantificar, ascendería a 1,8 millones de euros anuales, teniendo en cuenta que la media de las ayudas está en torno a los 100 euros mensuales. Además, tras el fallo del Tribunal Constitucional que avala la normativa, los afectados se han quedado sin armas legales para recurrir.
La ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Alquiler de Viviendas que entró en vigor hace tres años eliminó toda posibilidad de prorrogar la subsidiación de préstamos hipotecarios, por lo que las familias que habían gozado de estas ayudas y que tenían derecho a renovarlas a los cinco años si seguían cumpliendo los requisitos (referentes a conceptos como la renta, los ingresos familiares o el número de hijos), se encontraron con que «las reglas del juego habían cambiado» y tenían que afrontar el pago íntegro de la hipoteca, según recuerda el portavoz de la Plataforma de Afectados de las Ayudas a la Vivienda en Castelló, José Bernadó.
Algunas de las familias recurrieron a los tribunales, pero las demandas quedaron paralizadas hasta que se resolviera el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PSOE contra la norma del Ministerio de Fomento. El Tribunal Constitucional (TC) lo desestimó avalando así la ley estatal. Eso sí, el fallo, conocido el pasado mes de noviembre, no fue unánime, ya que uno de los magistrados consideró inconstitucional la retroactividad de la medida. «La renovación de estas ayudas se encontraba regulada en unos términos que pudieron legítimamente crear la confianza en los ciudadanos en que, si se seguían cumpliendo los requisitos económicos exigidos para poder beneficiarse de las mismas y lo solicitaban, les sería renovada la ayuda concedida, y esta confianza pudo ser determinante para que decidieran solicitar el préstamo hipotecario cuyos intereses iban a ser en parte subsidiados», argumenta el juez.
Considera que «el perjuicio que esto puede ocasionar a los beneficiarios de estas ayudas (va a suponer, en un asunto de gran sensibilidad social, un encarecimiento de un préstamo que no pueden dejar de pagar y va a afectar a ciudadanos cuya situación económica no les va a permitir fácilmente asumir ese incremento de los intereses) no se puede justificar en las ventajas que para la economía en general va a conllevar no renovar esas concretas ayudas, dada la mínima incidencia que la supresión de esas prórrogas puede tener en la mejora de la economía».
Son los argumentos en los que se habían apoyado hasta ahora los demandantes de Castelló. Sin embargo, las sentencias que ya se han emitido en tribunales de Valencia y Alicante han sido desfavorables a los afectados por la doctrina del TC. Por ello, algunos han decidido desistir del proceso judicial. Es el caso de un afectado que ha pedido la suspensión del juicio previsto ayer mismo en Castelló. «De esta manera, al menos se podrá ahorrar las costas del procedimiento», detalló el abogado que colabora con la asociación, Pedro Tejedo. La única solución factible para el colectivo es la derogación de la ley, algo previsible en un escenario de cambio en el Gobierno central.
