El juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs ha citado en abril a los dos últimos investigados en esta causa, en la que se indagan irregularidades relacionadas con la concesión del proyecto del almacén subterráneo de gas Castor, construido por Escal UGS, sociedad controlada por ACS.
Según informa el Tribunal Superior de Justicia valenciano, hasta el momento han prestado declaración 16 de los 18 investigados (denominación que sustituye a la de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Faltaban por declarar los dos investigados que han sido citados ahora, el vicepresidente del consejo de administración de Escal UGS SL cuando sucedieron los hechos y el consejero de la mercantil, que no habían sido llamados a declarar por el instructor por tener su residencia en Canadá.
Ambos tendrán que comparecer ante el juez el 8 de abril, en el marco de las diligencias que se siguen por presunta prevaricación medioambiental y delito contra el medio ambiente y recursos naturales.
La causa, que según el TSJCV ya supera los 13.000 folios, ha sido declarada causa compleja por el número de investigados, la complejidad de los delitos y el volumen de documentación susceptible de ser sometida a análisis periciales. El titular del caso amplió el plazo de instrucción de 6 a 18 meses.
La acusación particular que ejerce la asociación de Arca Ibérica plantea solicitar al juez que cite como testigos al exministro de Industria, Miguel Sebastián, a cargos del Consell que participaron en la declaración de impacto ambiental y a responsables del Observatorio del Ebro que alertaron del riesgo sísmico.
También estudia reclamar la testificación del expresidente del Ejecutivo central, José Luis Rodríguez Zapatero.
