El director general de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana, Alberto Sanchis, explicó ayer a más de 200 representantes de municipios de la provincia de Valencia el plan de la Generalitat para paliar la pobreza energética, al que se han adherido ya 160 municipios, y también las ayudas para el pago del alquiler para personas en situación de exclusión social.
Sanchis animó a los ayuntamientos a que colaboren para que estas ayudas lleguen al máximo número de personas y destacó que, «por primera vez la Generalitat Valenciana ha puesto en marcha un plan contra la pobreza energética dotado con 5,9 millones de euros, donde es necesaria la participación de los ayuntamientos porque son los servicios sociales los que más conocen la realidad de sus vecinos».
En la jornada, Alberto Sanchis ha explicado el procedimiento articulado por la conselleria con los ayuntamientos para tramitar las ayudas destinadas a los hogares que no pueden hacer frente a los recibos de luz, agua y gas así, como para las personas que no pueden pagar el alquiler y se encuentren en situación de exclusión social.
A través de las entidades locales, la conselleria puede conceder ayudas a aquellos hogares cuyo nivel de renta no sea capaz de hacer frente al pago de los suministros energéticos y evitar su corte con las graves consecuencias que esto supone para las familias afectadas. Con este objetivo, Vivienda ha firmado acuerdos de colaboración con Endesa, Gas Natural Fenosa e Iberdrola.
Las ayudas para evitar la pobreza energética serán en los casos de corte de suministro eléctrico o de gas de 75 euros por recibo mensual y hasta un máximo de 300 euros por consumidor y año, y en caso de corte de agua potable, hasta 15 euros por recibo mensual y un máximo de 60 euros por consumidor y año. Asimismo podrán ser objeto de ayudas los costes ocasionados para restablecer los suministros en el caso de que se haya producido su corte.
Alquiler social
En cuanto a las ayudas para el alquiler social, la cuantía será de hasta 100 euros mensuales durante un periodo máximo de un año, y en ningún caso podrá superar el importe de la renta. De estas ayudas, se podrán beneficiar las personas y unidades familiares y de convivencia cuyos ingresos sean inferiores a 1,5 IPREM o a 2 IPREM si tienen reconocida alguna discapacidad.
