La Abogacía de la Generalitat asistirá jurídicamente y representará en juicios a la empresa pública Aeropuerto de Castelón (Aerocas) a cambio de 21.000 euros anuales, según ha acordado hoy el pleno del Consell.

Esta asistencia jurídica está sometida plenamente a las normas del derecho administrativo, sin que afecte a las relaciones de servicio del personal adscrito a la Abogacía General, ha informado la vicepresidenta, Mónica Oltra, en la rueda de prensa posterior al pleno.

Como compensación al servicio de asistencia jurídica, el Aeropuerto de Castellón satisfará a la Abogacía General con 21.000 euros anuales.

En consecuencia, todos los órganos del Aeropuerto de Castellón, SLU, deberán de prestar la colaboración precisa para la realización de las funciones de asistencia jurídica requeridas, con la celeridad exigida en cada momento.

A estos efectos, la entidad designará un representante que asumirá las funciones de coordinación y relación con los juristas coordinadores.

Por otra parte, el Consell ha dado el visto bueno al decreto por el que se aprueba el Reglamento de los Órganos Territoriales y Urbanísticos de la Generalitat.

A partir de ahora, como principal novedad, será convocado un representante del Ayuntamiento afectado, cuando en el orden del día de las comisiones territoriales de urbanismo se incluya un expediente de planeamiento urbanismo municipal.

Al haber pasado las competencias de medio ambiente a la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural se ha hecho necesario elaborar un nuevo Reglamento de los Órganos Territoriales y Urbanísticos de la Generalitat para adecuarlo a la actual estructura de la administración valenciana.

Ante esta nueva situación administrativa, la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio regula los órganos territoriales y urbanísticos, pero no ambientales, tal y como ocurría hasta ahora.

Los órganos que ejercen las competencias territoriales y urbanísticas de la Generalitat son el Consell y el conseller o consellera, secretario autonómico y director general que tengan atribuidas estas materias, así como el Comité Estratégico de Política Territorial de la Comunitat Valenciana, las Comisiones Territoriales de Urbanismo y las Comisiones Informativas de Urbanismo.

El Comité Estratégico de Política Territorial de la Comunitat Valenciana es un órgano colegiado de composición paritaria compuesto por una representación mixta de la Generalitat y los agentes más representativos de la sociedad civil.

Entre las atribuciones de este comité destacan el asesorar al Consell en materia de acciones de elevada repercusión económica, social y ambiental sobre el territorio de la Comunitat Valenciana y a la conselleria en las cuestiones en las que pueda instar su colaboración.

También efectúa el seguimiento de la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana; impulsa determinadas prioridades de actuación y coordina a los distintos sectores económicos y sociales para el desarrollo de proyectos innovadores y eficaces que permitan alcanzar elevadas cotas de excelencia territorial para la Comunitat Valenciana.

Además del representante municipal cuando la ocasión lo requiera, la Comisión Territorial de Urbanismo se integra por una amplia representación de las administraciones y colectivos profesionales y empresariales con presencia en la ordenación del territorio y el urbanismo, de forma que existe una comisión por cada provincia de la Comunitat Valenciana.

Esta Comisión tiene entre sus funciones aprobar los instrumentos de planeamiento que sean de competencia autonómica excepto, entre otros, de la declaración de las Actuaciones Territoriales Estratégica, la Estratégica Territorial de la Comunitat Valenciana y los Planes de Acción Territorial.

Asimismo, resuelve los expedientes de Declaración de Interés Comunitario y ciertos expedientes de expropiación tramitados por el procedimiento de tasación conjunta cuando sea de competencia autonómica.

En la Comisión Informativa de Urbanismo están presentes representantes de la administración autonómica y general del Estado, de las Confederaciónes Hidrográficas del Júcar, Ebro o Segura, del Catastro y de la diputación correspondiente.

Tiene entre sus competencias la preparación de informes técnicos para la mejor adopción de las decisiones urbanísticas de la Generalitat.